Imagine a un pequeño comerciante que durante años manejó su negocio en efectivo. Compraba a sus suplidores con billetes, le pagaba a sus empleados con billetes y guardaba lo que le sobraba debajo del colchón. Un día decidió dar el paso que tanto le recomendaban: abrió una cuenta, empezó a pagar por transferencia, a dejar huella de cada operación. Se formalizó, o al menos comenzó a hacerlo. Y entonces el Estado, que tanto insiste en que la gente se bancarice, le sube el costo de transar por el canal formal. ¿Qué mensaje recibe ese comerciante?
Esa es la cuestión incómoda que deja el anuncio de elevar el Impuesto a la Emisión de Cheques y Transferencias Electrónicas —el famoso 0.15%— hasta 0.20%. En el papel, parece un ajuste menor, casi cosmético. En la práctica, toca una de las fibras más delicadas de nuestra economía: la frontera entre lo formal y lo informal. Y encierra una paradoja incómoda: el Estado encarece justamente el canal que más le sirve para vigilar y combatir la evasión.
Conviene entender qué grava realmente este impuesto, porque ahí está la clave. No se cobra sobre cualquier movimiento de dinero. Las transferencias entre cuentas de una misma persona están exentas, igual que el retiro en cajero o el consumo con tarjeta de crédito. El impuesto se activa cuando el dinero va hacia un tercero: cuando le pago a mi suplidor, cuando le deposito a mi empleado, cuando un cliente me transfiere por un servicio. Dicho de otro modo, el gravamen recae exactamente sobre el acto económico que define a una economía formal funcionando. El efectivo, en cambio, no transita por ningún banco, no deja huella y no paga ni un centavo. La primera paradoja salta a la vista: encarecemos el instrumento que queremos promover y dejamos intacto el que alimenta la informalidad que decimos combatir.
Seamos honestos con el contraargumento, porque es el primero que surgirá. En términos unitarios, el aumento es minúsculo: una transferencia de RD$10,000 deja de costar RD$15 de impuesto para costar RD$20. Cinco pesos. ¿De verdad cinco pesos deciden si un negocio se formaliza? Visto así, no. Pero ese es el error de mirar el árbol y perder el bosque. Para un negocio que mueve millones al mes en pagos a terceros, no son cinco pesos: es una factura que crece con cada operación, y que se compara con la alternativa gratuita de operar en efectivo.
Y más allá del monto, lo que importa es la dirección: en un país que se propuso bancarizar y digitalizar pagos, subir el costo de transar formalmente es remar en contra de la propia corriente. Las decisiones económicas se toman en el margen, y para el comerciante que duda entre el efectivo y el salto al sistema, cada fricción adicional inclina la balanza hacia quedarse donde está.
Hay, además, una ironía más fina. Este impuesto no es solo recaudación: es una herramienta de inteligencia fiscal. Cada transferencia gravada le dice a la Dirección General de Impuestos Internos quién le paga a quién, cuánto y con qué frecuencia, una de las mejores ventanas que tiene la administración para perseguir la evasión. ¿Y qué hacemos? Le subimos el peaje a la gente por usar el canal que el propio fisco vigila, empujando parte de la actividad hacia el efectivo, opaco y sobre el cual la DGII no ve nada. Es como si una autoridad de tránsito, que necesita cámaras para multar a quien corre, cobrara un peaje extra a quienes pasan por las avenidas vigiladas: los conductores buscarían las calles oscuras. El instrumento de control termina alimentando la conducta que pretendía controlar.
No es mera teoría. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela aplicaron impuestos a las transacciones bancarias, casi siempre en apuros fiscales como el nuestro. El caso colombiano es el más elocuente, y por una razón llamativa: es la propia administración tributaria de ese país, la DIAN, la que ha reconocido los efectos. Sus análisis documentan que el gravamen hizo desaparecer las operaciones interbancarias mientras estuvo vigente y disparó el uso del efectivo, que para muchos agentes cumplía un doble propósito: evitar el impuesto y, de paso, mantenerse fuera del alcance del fisco. Difícilmente haya testigo más creíble del daño que el propio recaudador. Se trata, eso sí, de otro país y de un impuesto primo, no idéntico al dominicano, así que es una inferencia por analogía, no una certeza local. Pero cuando hasta la agencia que cobra el tributo admite que empuja a la gente hacia la sombra, lo prudente no es confiar en que seremos la excepción.
Conviene además mirar en qué momento llega esta fricción, porque el momento lo es todo. República Dominicana protagoniza uno de los avances más rápidos de su historia en bancarización: según el Global Findex 2025 del Banco Mundial, la proporción de adultos con una cuenta pasó de 51% a 65% entre 2021 y 2024. El impulso es real.
Pero el trabajo está a medio camino: de 8.2 millones de adultos, todavía cerca de 2.9 millones —casi uno de cada tres— permanecen fuera del sistema. Son, en buena medida, los mismos que pueblan la economía informal: el dueño del colmado, el chiripero, la vendedora del mercado, el motoconchista. Justo la población que el país necesita atraer es la que más sopesa cada peso antes de dar el paso. Encarecer las transferencias en este preciso momento es ponerle una piedra en el camino a quien apenas se decidía a cruzar.
Nada de esto significa que el gravamen deba desaparecer, ni que un ajuste de cinco centésimas vaya a hundir la economía. El país enfrenta presiones fiscales reales por el alza de los combustibles, y el Estado ha planteado un paquete donde, en su mayoría, los que más capacidad tienen son los que más aportan. Pero hagamos la cuenta completa, no la fácil. El propio ministro de Hacienda ha estimado que el alza aportaría algo más de RD$8,000 millones: no es calderilla, es cerca de una quinta parte de todo lo que el proyecto busca recaudar. Precisamente porque no es poca cosa, vale preguntarse qué se pone en juego para obtenerla.
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Lo que se pone en juego, además, vale más que esa suma. Pensemos en lo que gana el fisco con una sociedad más bancarizada. Cada peso que circula por el sistema formal es un peso visible: deja rastro, se puede auditar, alimenta la base del ISR y del ITBIS y reduce el espacio para la evasión. Una economía bancarizada es, para la administración tributaria, una economía iluminada. No es casualidad que los países con mayor bancarización tiendan a tener menor evasión y recaudación más sostenible. Vista así, la bancarización no es solo una meta de modernización: es, en sí misma, una estrategia de recaudación de largo plazo, probablemente más rentable que cualquier alza de tasa, porque cada ciudadano o negocio que entra al sistema formal amplía permanentemente la base imponible. Frente a eso, exprimir un impuesto que desincentiva justamente esa entrada empieza a verse como un mal canje: se cobra una vez, hoy, a costa de frenar una base que rendiría año tras año.
¿Vale la pena? No porque el ingreso sea despreciable —no lo es—, sino porque se obtiene del peor modo posible: gravando la conducta que el país quiere fomentar y debilitando la base que más vale a futuro. Si la meta declarada es bancarizar, formalizar y dotar al fisco de mejores herramientas de trazabilidad, encarecer el canal formal es una contradicción que merece, cuando menos, una segunda mirada. Quizás el camino no sea subir la tasa, sino ampliar la base con la propia información que el impuesto genera. Quizás recaudar más y formalizar más no tengan que pelearse, si se diseñan con cuidado.
Porque al final, la verdadera prueba de una política tributaria no está solo en cuánto recauda este año, sino en si construye o destruye las condiciones para recaudar bien en los que vienen. Un sistema que le cobra más al que sale del efectivo, mientras le perdona todo al que se queda en él, manda exactamente la señal equivocada. La pregunta, entonces, no es si cinco pesos por cada diez mil arruinan a alguien. Es otra, más difícil: ¿queremos un país donde transar a la luz cueste cada vez más, y transar en la sombra siga saliendo gratis?
