DIARIO FINANCIERO.- El empresario Jochi Gómez Canaán compareció el viernes 24 de abril de 2026 ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para ejercer su defensa material en el marco del caso Intrant. La audiencia, presidida por la jueza Yanibet Rivas, marcó un momento decisivo en el proceso judicial que involucra acusaciones de estafa al Estado, sabotaje, lavado de activos y violaciones a la Ley de Armas, entre otros cargos.
La Defensa Material De Gómez Canaán
Gómez Canaán tomó la palabra para refutar directamente los cargos que el Ministerio Público sostiene en su contra, calificando la acusación de «absurda» y manifestando que decidió intervenir personalmente ante lo que describió como una réplica infundada por parte de la fiscalía. En un tono firme, el empresario rechazó «todas y cada una de las imputaciones» que el ente acusador ha construido en torno a su figura durante la investigación del caso Intrant.
Disputa Por El Contrato De Transcore
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la acusación de estafa al Estado vinculada al contrato de Transcore y el anticipo del 20% recibido por la empresa. Gómez Canaán aseguró que esos fondos se destinaron íntegramente a suplidores internacionales y a la ejecución del proyecto, descartando cualquier distribución irregular. Además, el empresario afirmó que el Estado dominicano le adeuda más de RD$800 millones, argumentando que la empresa operó con financiamiento bancario y aportes privados mucho antes de recibir desembolsos del Estado.
Red Semafórica Del Gran Santo Domingo
Gómez Canaán defendió la red semafórica instalada en el Gran Santo Domingo, señalando que la infraestructura se encuentra en pleno funcionamiento y que la inversión total superó el monto desembolsado por el gobierno. En ese sentido, cuestionó la lógica de la acusación: si el Estado dominicano recibió infraestructura operativa, resulta difícil sostener que existió una estafa al Estado. Según su versión, el proyecto fue ejecutado conforme a lo acordado contractualmente con las autoridades competentes.
Sabotaje Y Terrorismo: Cuestionamiento A La Investigación
Sobre las imputaciones de sabotaje y terrorismo, el empresario cuestionó abiertamente la base de la investigación del Ministerio Público. Sostuvo que las fallas registradas en el sistema de semáforos respondieron a decisiones técnicas tomadas por las propias autoridades de tránsito, pese a que su empresa había emitido advertencias previas sobre los riesgos de dichas decisiones. Para Gómez Canaán, atribuirle responsabilidad penal por esas fallas constituye una interpretación distorsionada de los hechos.
Dekolor, Lavado De Activos Y Armas
El empresario también abordó las acusaciones relacionadas con Dekolor, empresa señalada por el Ministerio Público en el marco de imputaciones por lavado de activos. Gómez Canaán negó cualquier irregularidad, describiendo a Dekolor como una compañía auditada cuyos ingresos provienen exclusivamente de servicios legales prestados al Estado dominicano. En cuanto a las imputaciones bajo la Ley de Armas, aclaró que todas sus armas son legales y cuentan con permisos vigentes, rechazando categóricamente esa parte de los cargos en su contra.
Postura Del Ministerio Público
Frente a los argumentos de la defensa, la procuradora de corte Mirna Ortiz sostuvo que los fiscales han probado «todas y cada una de las imputaciones» formuladas contra los procesados, reiterando la posición institucional del Ministerio Público de llevar a juicio a Hugo Beras, Jochi Gómez Canaán y sus compartes. La fiscalía mantiene que la acusación está sustentada en evidencias sólidas que serán presentadas en la fase de juicio.
La Exclusión Del Asistente Presidencial
En otro momento de su intervención, Gómez Canaán señaló con visible inconformidad que el asistente del presidente de la República ha sido excluido del proceso judicial, sugiriendo que existen inconsistencias en el alcance de la acusación. Esta observación abre interrogantes sobre los criterios aplicados por el Ministerio Público al momento de definir el universo de imputados en el caso Intrant, uno de los procesos judiciales de mayor resonancia en la República Dominicana en los últimos años.
