SANTO DOMINGO.- En República Dominicana, 236 personas murieron cuando el techo de la discoteca Jet Set se desplomó en 2025 y una mujer muerta y cinco heridos en otro, y un tribunal le dictó un no ha lugar. Dos tragedias. Dos resultados judiciales que, según la fiscal del Distrito Nacional, comparten un mismo mensaje incómodo: hay expedientes donde la vida humana parece pesar menos que el apellido o las circunstancias del acusado.
La fiscal Rosalba Ramos lanzó una crítica pública inusual al sistema judicial dominicano al señalar que los casos Pumarol y Jet Set evidencian un trato desigual ante la pérdida de vidas humanas.
El Caso Jet Set: 236 Muertos y un Juicio en Curso
El derrumbe de la discoteca Jet Set en 2025 dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, convirtiéndose en una de las peores tragedias civiles de la historia dominicana. Los hermanos Espaillat enfrentan cargos de homicidio involuntario mientras la investigación sobre fallas estructurales continúa. Para el ciudadano promedio en Santo Domingo, la lentitud del proceso genera frustración: cientos de familias aún esperan respuestas concretas sobre responsabilidades.
El Caso Pumarol: No Ha Lugar por Salud Mental
Jean Manuel Pumarol fue vinculado a un incidente donde una persona murió y varias resultaron heridas. Sin embargo, fue beneficiado con un no ha lugar alegando problemas de salud mental. La decisión judicial generó indignación pública, alimentando la percepción de que en el sistema dominicano el acceso a buenos abogados y pericias costosas puede inclinar la balanza.
La Voz de la Fiscal: Una Crítica Desde Adentro
Lo inusual aquí es quién habla. Rosalba Ramos no es una activista ni una comentarista: es la fiscal del Distrito Nacional, la funcionaria encargada de llevar estos casos ante los tribunales. Su mensaje publicado en X — “la vida, en algunos expedientes, parece valer menos” — es una señal de alarma que viene desde dentro del propio sistema de justicia. Cuando quien acusa también cuestiona los resultados, el problema deja de ser de percepción y se convierte en un asunto institucional.
Para el dominicano que emprende, invierte o simplemente camina por la calle, la señal es clara: la seguridad jurídica no solo afecta contratos y transacciones, también define cuánto vale tu vida ante el Estado. Si la propia fiscal reconoce fallas en cómo el sistema pondera las víctimas, el mensaje para el clima de negocios y la confianza institucional es preocupante. Este tipo de casos alimenta la desconfianza que frena inversiones, eleva primas de seguros y debilita el tejido social que sostiene cualquier economía.
