La administración de Donald Trump evalúa ampliar las licencias que permiten a empresas extranjeras operar en Venezuela sin violar sanciones.
El objetivo es claro: reactivar la producción de uno de los países con mayores reservas de crudo del mundo.
Las nuevas medidas incluirían autorizaciones individuales a compañías internacionales y un esquema más amplio de entrada al mercado, aunque aún no está confirmado si será mediante una licencia general.
Hasta ahora, solo un grupo limitado de empresas —como Chevron, BP, Shell, Repsol y Eni— ha recibido permisos para operar en el país, dentro de un plan que busca movilizar cerca de 100,000 millones de dólares en inversión en la próxima década.
Guerra con Irán dispara presión energética
El giro de política ocurre en un contexto crítico: el conflicto en Medio Oriente ha disparado los precios del petróleo más de 40 %, superando los US$100 por barril en los mercados internacionales.
El cierre del Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20 % del crudo mundial— ha reducido la oferta global y obligado a Estados Unidos a buscar fuentes alternativas de suministro.
En este escenario, Venezuela emerge como una opción estratégica para estabilizar el mercado energético y evitar un impacto más severo en los precios de los combustibles.
Licencias con control: apertura parcial, no total
A pesar del alivio, las sanciones no se eliminan completamente.
El modelo contempla que las transacciones se realicen bajo supervisión estadounidense, con pagos canalizados a cuentas controladas por Washington y restricciones a operaciones con países sancionados.
Además, expertos advierten que el impacto no será inmediato. La recuperación de la producción venezolana podría tardar entre 12 y 18 meses, debido al deterioro de su infraestructura petrolera.
Empresas como ONGC Videsh, Maha Capital y J&F Investimentos figuran entre las interesadas en reactivar operaciones, algunas con deudas pendientes con PDVSA que podrían renegociarse bajo este nuevo esquema.
