No es una cifra. Es una advertencia. Y conviene tomarla en serio.
Con el anuncio reciente del BCRD de que la economía dominicana creció 2.1% en 2025, el país volvió a expandirse —por segunda vez en tres años— por debajo de la mitad de su potencial. El resultado es claro: el crecimiento promedio del último sexenio queda en 3.4%, el más bajo en más de dos décadas.
Surge entonces la pregunta incómoda: ¿estamos ante una mala racha… o ante una señal temprana de erosión de nuestro crecimiento potencial?
Tormenta global, impacto desigual
Sería injusto desconocer el contexto. En apenas seis años, la economía dominicana navegó una secuencia de shocks externos difícilmente comparable con décadas recientes: pandemia y disrupciones globales (2020); crisis haitiana tras el magnicidio de Moïse (2021); invasión rusa a Ucrania y shock energético (2022); el ciclo de alzas de tasas más acelerado de la Reserva Federal en cuarenta años (2023); la intensificación del conflicto en Gaza y sus impactos logísticos (2024); y, más recientemente, el mayor shock arancelario en casi un siglo (2025).
No fue un episodio aislado. Fue una cadena de perturbaciones concentradas en muy poco tiempo, en un mundo mucho más interconectado y, por tanto, más vulnerable que en crisis anteriores.
También sería injusto desconocer los aciertos. Aun bajo ese entorno, RD protagonizó —junto a Guatemala— una de las recuperaciones más rápidas de la región tras el colapso pandémico.
En medio de la volatilidad global, los indicadores de riesgo país se han mantenido cerca de mínimos históricos. Moody’s, S&P y Fitch elevaron la calificación soberana a sus niveles más altos. La inversión extranjera directa superó por primera vez los US$5,000 millones. Y los principales organismos multilaterales —FMI, Banco Mundial y CEPAL— siguen proyectando al país como la economía de mayor crecimiento esperado en América Latina hacia 2030.
Dicho de otro modo: pese a las tormentas externas, desde la óptica de inversionistas, multilaterales y calificadoras, el cielo macroeconómico dominicano luce despejado.
Pero los mercados financieros miden confianza. El crecimiento mide capacidad productiva. Y ahí aparece una grieta: a seis años de la pandemia, ninguna otra economía de la región exhibe una brecha tan amplia entre lo que puede crecer y lo que efectivamente está creciendo.
Al comparar el crecimiento promedio del último sexenio (3.4%) con el potencial estimado por el FMI (5%), RD ocupa el último lugar entre quince economías latinoamericanas en distancia respecto a su propio potencial.
Desde 2020, seis países —Chile, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Colombia y Nicaragua— crecieron, en promedio, por encima de su capacidad estimada. En el caso dominicano ocurre lo contrario: no solo crecemos por debajo del potencial, sino con la mayor brecha regional, 1.6 puntos porcentuales.
Paradójicamente, el país con mayor potencial de crecimiento de América Latina es hoy el que más se ha alejado de él.
¿El clima o el timón?
Ante un entorno tan severo, reconocer el contexto no absuelve el problema: lo traslada al terreno de la política económica. La pregunta deja de ser qué tan fuerte soplaron los vientos y pasa a ser cómo —y hacia dónde— estamos girando el timón.
Tomemos la inversión privada, motor clave del crecimiento. En 2022 alcanzó 28% del PIB —un récord histórico—; para 2025 había retrocedido a 23%, una contracción de cinco puntos en apenas tres años. En dos décadas no habíamos visto una expansión tan acelerada… ni una corrección tan brusca.
Nuevamente, más que cifras, son advertencias. Lejos de reflejar un cambio estructural, el “boom” de inversión parece explicado por condiciones irrepetibles: políticas monetarias extraordinariamente laxas y proyectos represados durante la pandemia.
El problema no es solo el enfriamiento coyuntural: es que esta corrección está reduciendo el ritmo de acumulación de capital que sostiene el crecimiento de mediano plazo.
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Y aquí aparece el problema de política económica. Cuando la inversión privada se retrae, la pública debería compensar. Ocurrió lo contrario. El promedio de inversión pública del último sexenio (2.6% del PIB) es el menor en más de veinte años.
El clima fue severo, sí. Pero el timón no se ajustó lo suficiente. Y lo que viene no promete ser más benigno.
Los cielos que no se despejan
El error más costoso sería asumir que lo peor ya pasó. Todo apunta a lo contrario. Los principales informes internacionales de riesgo coinciden en un diagnóstico incómodo: el mundo no avanza hacia una nueva normalidad, sino hacia una fase prolongada de más incertidumbre geopolítica y mayor fragmentación comercial.
Dos estrechos ilustran la magnitud del riesgo. En Ormuz —puerta de entrada al Golfo Pérsico y por donde transita más de un tercio de los hidrocarburos del mundo— se registra la mayor escalada militar desde la “Guerra de los Tanqueros” de los años ochenta. Un cierre, incluso parcial, tendría efectos inmediatos sobre precios energéticos, inflación y cuentas externas.
En el frente comercial, un choque geopolítico en Asia, particularmente en torno a Taiwán, pondría bajo presión el Estrecho de Malaca —ruta por donde circula cerca del 40% del comercio global de contenedores— incluidos insumos clave para el sector construcción dominicano.
No son escenarios remotos. Son riesgos centrales que hoy monitorean gobiernos, aseguradoras y mercados financieros.
El mapa regional también está cambiando. El péndulo político de América Latina continúa girando hacia gobiernos más pro-mercado —incluyendo Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras— lo que anticipa una competencia más intensa por inversión extranjera hacia mediano plazo.
A ello se suma la posibilidad de una eventual normalización en economías como Venezuela o Cuba, que podrían comenzar a reabsorber flujos de inversión que en años anteriores favorecieron a economías más estables como la nuestra.
En otras palabras, RD dejará de competir contra el estancamiento regional y pasará a competir contra una región más activa y atractiva para el capital, justo cuando la inversión privada doméstica se desacelera.
Y lo hará, además, bajo un marco fiscal que proyecta —consistente con la regla fiscal vigente— apenas 2.2% del PIB en inversión pública entre 2026 y 2029: el nivel más bajo en casi sesenta años.
Aquí está el riesgo de fondo: limitar la acumulación de capital que sostiene el crecimiento futuro en nombre de una regla fiscal diseñada con un sesgo anti-inversión pública, castigando precisamente el tipo de gasto que más impulsa el desarrollo.
En un mundo más incierto y una región más competitiva, crecer por debajo del potencial en nombre de la prudencia fiscal es una pérdida silenciosa de capacidad productiva. Si no corregimos la trayectoria de la inversión —pública y privada— el 3.4% dejará de ser una anomalía. Podría convertirse en la señal que decidimos ignorar.
Corregir el rumbo
El entorno global no dará tregua. La competencia regional será más intensa. RD puede esperar, o actuar.
Actuar significa, primero, resolver el dilema fiscal sin torpedear la recuperación. La economía necesita inversión pública ahora. El Estado dispone de recursos ociosos en el Banco de Reservas superiores al 2% del PIB, suficientes para financiar un programa multianual de infraestructura productiva, distribuido en el territorio y enfocado en sectores de alto impacto —desde conectividad territorial hasta agroindustria— para maximizar empleo, valor agregado y encadenamientos productivos.
Esto exige suspender temporalmente la regla fiscal bajo un principio fiscalmente responsable: permitir un aumento transitorio del déficit siempre que no implique mayor endeudamiento. No es ideología. Es pragmatismo macrofiscal.
En paralelo, debe diseñarse la reforma estructural que el país realmente necesita —no un parche recaudatorio, sino una arquitectura tributaria alineada al cierre de brechas de infraestructura, vivienda y desarrollo social. El presidente Abinader ya demostró que puede convocar a la oposición ante desafíos existenciales; lo hizo con la crisis migratoria haitiana. La reforma fiscal merece el mismo enfoque: un acuerdo transversal entre gobierno, oposición, sector privado y ciudadanía, construido entre 2026 y 2028 y listo para ser implementado por quien resulte electo.
Segundo, blindarse ante los riesgos externos. Dos medidas concretas: una política de Estado de cobertura contra shocks energéticos, aprovechando ventanas favorables de precios; y un Consejo Consultivo Geopolítico permanente —con expertos de categoría mundial—que institucionalice la capacidad de monitorear, anticipar y mitigar disrupciones globales. No podemos evitar que Ormuz o Malaca entren en crisis. Pero sí podemos reaccionar con estrategia en lugar de improvisación.
Tercero, asegurar un lugar en el nuevo tablero comercial. RD no puede quedarse rezagada mientras vecinos como El Salvador y Guatemala aprovechan el reordenamiento global para profundizar su acceso al mercado estadounidense vía acuerdos bilaterales. Reducir el arancel del 10% y ampliar el acceso preferencial debe convertirse en una prioridad estratégica inmediata.
Convertir ese acceso en inversión y empleo exige una estrategia activa de nearshoring. Un plan nacional de atracción de inversiones, articulado con el sector privado, debe integrar diplomacia comercial activa y oferta real de capital humano.
En este frente, un programa de atracción de talento, apoyado en incentivos fiscales y facilidades de acceso a vivienda, permitiría fortalecer la pieza clave del nearshoring, aprovechando además el potencial de la diáspora dominicana —bilingüe y con experiencia en mercados laborales altamente competitivos.
Ante el escenario actual, la inacción es la decisión más costosa. Porque no se trata de un ciclo económico, sino de una reconfiguración histórica.
Evocando a Antonio Gramsci, vivimos un interregno global: el viejo orden está muriendo, el nuevo aún no termina de nacer y, en ese claroscuro, proliferan los riesgos. Uno de los más relevantes para República Dominicana es que ese nuevo orden nos encuentre con un crecimiento potencial más bajo del que podríamos tener.
3.4% es más que una cifra. Es una advertencia. Aún no es una sentencia. Si actuamos con el sentido de urgencia que amerita, el próximo sexenio podría escribirse con otro título:
5.0%: la alerta atendida.
