Diario Financiero.- Noruega enfrenta una de las mayores crisis reputacionales de su monarquía en las últimas décadas. A días del inicio del juicio contra Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit, el caso se ha visto agravado por nuevas detenciones y por la reaparición de documentos vinculados al escándalo de Jeffrey Epstein.
Høiby, quien no posee título nobiliario ni funciones oficiales, enfrenta en Oslo un proceso judicial por 38 cargos, incluidos cuatro de violación, violencia en la pareja, amenazas, grabaciones sexuales sin consentimiento, posesión de drogas y otras infracciones penales. En la apertura del juicio se declaró inocente de los cargos más graves, aunque admitió algunos delitos menores. El proceso se prevé largo y altamente expuesto mediáticamente.
La situación se agravó cuando la policía lo detuvo nuevamente la noche previa al inicio del juicio, por nuevas acusaciones de agresión, amenazas con arma blanca y violación de una orden de alejamiento. Según las autoridades, los hechos habrían ocurrido el mismo fin de semana de su arresto, intensificando la presión pública y reforzando la gravedad del caso.
En paralelo, la desclasificación de millones de documentos del caso Epstein reactivó el escrutinio sobre la princesa heredera. Los archivos contienen múltiples menciones y comunicaciones que muestran una relación más estrecha de lo que se conocía públicamente. Mette-Marit ya había pedido disculpas en 2019 por haber mantenido contacto con Epstein y volvió a reconocer recientemente que se trató de un grave error de juicio.
La coincidencia temporal entre el juicio por delitos sexuales contra su hijo y la reapertura del debate sobre sus vínculos con Epstein ha instalado la percepción de un “doble escándalo”, que golpea directamente la imagen de la Casa Real, aunque no existe conexión jurídica entre ambos casos.
Encuestas recientes reflejan que una parte significativa de la población noruega cuestiona si Mette-Marit debería llegar a ser reina, no por responsabilidad penal, sino por criterios éticos y de credibilidad institucional. Aun así, el Parlamento noruego rechazó recientemente una propuesta para abolir la monarquía, confirmando que la institución conserva respaldo político, aunque con un desgaste evidente.
El desenlace del juicio y la gestión comunicacional de la Casa Real serán determinantes. El desafío no es legal inmediato, sino reputacional y político, en un contexto donde la opinión pública exige estándares más altos de transparencia y conducta a las figuras simbólicas del poder.
