‘Operación Cobra’ marca un punto de inflexión en la supervisión de los recursos de la seguridad social en República Dominicana. El Ministerio Público presentó cargos contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otras siete personas, quienes fueron arrestados por su presunta participación en un megadesfalco que afectó directamente el patrimonio del Estado dominicano.
Los detenidos son Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina, Germán Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma. Según las autoridades, este grupo habría operado un esquema sistemático de irregularidades que comprometió fondos públicos destinados a garantizar servicios de salud para la población.
La operación incluyó la participación de 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional, con 12 allanamientos simultáneos para recolectar documentos, dispositivos y evidencias que robustecerán el expediente acusatorio.
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Las imputaciones abarcan coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentación falsa y lavado de activos. Para el Ministerio Público, estas acusaciones revelan la existencia de una estructura que operó desde la dirección de SeNaSa y que se extendió a prestadores del servicio de salud.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, enfatizó que se trata de un caso de alto impacto social, dado que la ARS estatal pertenece a todos los dominicanos. “Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, deberán responder por sus hechos criminales”, aseguró, reiterando que la institución busca recuperar cada peso sustraído.
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Reynoso subrayó que Operación Cobra seguirá “hasta las últimas consecuencias”, no solo en términos penales, sino también patrimoniales. La investigación ha identificado evidencias de sobornos a gran escala, manipulación de estados financieros, programas creados sin respaldo legal y maniobras destinadas a distraer fondos públicos de su propósito original.
Las acciones están dirigidas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Ambos coordinaron un equipo especializado en criminalidad organizada, encargado de consolidar el expediente.
Con este caso, la justicia dominicana abre un debate crucial: ¿cómo blindar la gestión de los fondos de la seguridad social para proteger a millones de usuarios? La magnitud de las acusaciones y el impacto institucional auguran reformas profundas en los mecanismos de control, supervisión y gobernanza del sistema público de salud.
