En la República Dominicana, el sistema tributario ha sido moldeado por crisis y parches. En repetidas ocasiones se han creado impuestos presentados como “transitorios” o de “emergencia”, con la promesa de que serían desmontados una vez superada la coyuntura. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que lo transitorio se convierte en permanente.
Un ejemplo claro es el 10% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los servicios de telecomunicaciones. Este gravamen surgió en la reforma tributaria de 2004 (Ley 288-04) y fue reafirmado en la Ley 253-12. Su propósito era apoyar las finanzas públicas en momentos de déficit, pero dos décadas después, sigue cargando a los usuarios.
A este 10% se suma el 18% del ITBIS y. el 2% de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), creada en la Ley 153-98 para financiar proyectos en comunidades remotas Lo que nació con un fin social, con el tiempo ha perdido rumbo, pues una parte de lo recaudado ha sido redirigida al Tesoro Nacional.
El resultado es que cada factura de telefonía, internet o cable incluye más de un 30% en impuestos. En un país donde la conectividad es esencial para la educación, el trabajo y la competitividad, esta carga resulta injusta y contraproducente.
Otro caso ilustrativo es el Impuesto sobre la Renta (ISR) para las empresas, que hoy permanece en un 27%. La Ley 253-12 lo fijó con el compromiso de reducirlo gradualmente. Sin embargo, ese desmontaje nunca ocurrió y la tasa sigue siendo una de las más altas de la región.
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La permanencia de este 27% no solo incumple una promesa, también desincentiva la inversión y limita la competitividad del sector productivo. Lo que se justificó como una salida temporal en medio de la crisis fiscal, hoy es una carga estructural del sistema tributario.
El impuesto a cheques y transferencias es otro ejemplo de tributo transitorio que se quedó. Creado para atender necesidades fiscales coyunturales, grava con un 0.005 cada operación bancaria. Décadas después, se mantiene intacto, afectando tanto a personas como a empresas.
Este impuesto bancario es particularmente regresivo. No distingue entre quienes mueven grandes capitales y quienes hacen operaciones pequeñas. En ambos casos, representa un costo adicional que limita la inclusión financiera y encarece la actividad económica cotidiana.
Anticipos
A estos tributos se suman los famosos anticipos del ISR, que ahogan a las pequeñas y medianas empresas. En su origen, fueron concebidos como un mecanismo de adelanto de impuestos, pero en la práctica se transformaron en un obstáculo para el flujo de caja de los emprendedores.
El patrón se repite, medidas justificadas como provisionales se integran al presupuesto nacional y se vuelven permanentes. En lugar de desaparecer cuando las causas iniciales se superan, se convierten en ingresos fijos que el Estado ya no está dispuesto a soltar.
El problema de fondo es la falta de voluntad política para desmontar lo que ya cumplió su propósito. En otros países, los impuestos extraordinarios tienen cláusulas de caducidad automática, lo que obliga a revisarlos y eliminarlos salvo que el Congreso decida lo contrario. Aquí, simplemente se eternizan.
Es hora de que el país revise con seriedad estos impuestos heredados. Nosotros los dominicanos merecemos un sistema fiscal más justo, transparente y eficiente. Eliminar los gravámenes que nacieron transitorios y nunca se desmontaron no es un capricho, es un paso indispensable hacia un modelo tributario que fomente el desarrollo, en lugar de castigarlo.
