El reciente lanzamiento de la Tarjeta Joven, presentada como una política de inclusión social, marca un nuevo paso en la expansión de los subsidios estatales. El programa beneficiará a más de 10,000 jóvenes con una ayuda mensual de RD$2,500, gestionada por el Ministerio de la Juventud y Supérate.
Aunque el objetivo oficial es promover el acceso a educación, salud, cultura y empleo, analistas económicos advierten que esta medida se suma a una creciente tendencia de mayor gasto corriente en programas asistenciales.
Aumento del gasto corriente: una preocupación latente
De acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), los subsidios sociales superaron los RD$180,000 millones en 2024, una cifra que representa más del 15 % del gasto total del Gobierno. Con la Tarjeta Joven, el monto destinado a transferencias monetarias podría seguir en aumento durante 2025 y los próximos años.
Economistas consultados indican que el aumento en los subsidios sociales no es una medida que se recomiende para que sea permanente, ya que eso limita la capacidad del gobierno de aumentar el gasto de capital.
Entre la inclusión y la dependencia estatal
El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, defendió el programa afirmando que “conecta a la juventud con el Estado, eliminando barreras y facilitando el acceso a servicios esenciales”. Sin embargo, expertos en políticas públicas sostienen que la expansión continua de subsidios genera dependencia y reduce incentivos para la productividad.
La sostenibilidad bajo examen
El programa Tarjeta Joven se financiará con fondos del presupuesto de Supérate y del Ministerio de la Juventud, ambos incluidos dentro del gasto corriente del Gobierno central. Esto genera dudas sobre su sostenibilidad fiscal en un contexto de presión tributaria estancada y aumento de compromisos sociales.
Perspectiva: el dilema entre apoyo y sostenibilidad
La Tarjeta Joven representa un esfuerzo por atender la vulnerabilidad juvenil, pero también reaviva el debate sobre si la República Dominicana está entrando en una etapa de expansión estructural del gasto corriente sin una base tributaria sólida que lo respalde.
Mientras el Gobierno apuesta a la inclusión, los analistas insisten en la necesidad de evaluar el retorno social y económico de cada subsidio, antes de seguir ampliando la lista de más subsidios sociales.
