La rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. En la República Dominicana, los funcionarios públicos están obligados por ley a presentar su declaración jurada de bienes, un requisito que garantiza transparencia y confianza ciudadana. Sin embargo, todavía existen autoridades que han incumplido este mandato.
El presidente de la República ha expresado en reiteradas ocasiones su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. No obstante, los discursos deben traducirse en hechos concretos. No basta con exhortar, es necesario tomar medidas firmes frente a los incumplidores.
El primer paso debe ser claro, los funcionarios que no han presentado sus declaraciones juradas deben ser cancelados de manera inmediata. Un servidor público que inicia su gestión violando la ley no puede gozar del privilegio de administrar recursos del Estado.
Junto a la cancelación, resulta imprescindible ordenar auditorías a estos funcionarios. Solo así podrán justificar el origen y crecimiento de sus bienes, enviando un mensaje contundente de que el Estado no tolerará privilegios indebidos ni enriquecimientos sin explicación.
No se trata solo de cumplir con la formalidad de un documento, sino de establecer un precedente. Si el gobierno no hace cumplir la ley dentro de sus propias filas, ¿cómo exigirles a los ciudadanos que la respeten? El ejemplo debe empezar desde arriba.
Otro aspecto ineludible es el desempeño de aquellos funcionarios que, aunque hayan cumplido con la declaración jurada, mantienen una gestión deficiente. El mal manejo administrativo, la ineficiencia y la falta de compromiso con el pueblo también deben tener consecuencias.
El pueblo exige resultados, no excusas. Un funcionario ineficaz, que en lugar de aportar soluciones genera frustraciones, termina convirtiéndose en un lastre para la imagen del propio presidente y para la credibilidad de su gobierno.
La decisión no debe estar atada a compromisos políticos. El propio presidente ha dicho que no busca la reelección. Esto le da una ventaja moral y política, no tiene nada que perder, pero sí mucho que ganar si actúa con firmeza.
La frase que recientemente expresó, “tengo amigos, pero no cómplices” debe convertirse en una línea de acción. La amistad no puede ser un escudo para la impunidad ni para sostener en el cargo a quienes han defraudado la confianza ciudadana.
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El pueblo dominicano espera un gobierno que inspire respeto, que ponga orden en casa y que honre las promesas de transparencia. Todavía hay tiempo de demostrar que no se equivocó al elegir este camino.
Sr. presidente, es hora de pasar de las palabras a las acciones. El país no necesita más discursos, necesita ejemplos concretos. La confianza no se hereda ni se impone, se gana con decisiones firmes y con resultados palpables.
Dejar un legado positivo está en sus manos. Cancelar a los funcionarios incumplidores e ineficaces no será un acto de dureza, sino de justicia y respeto al pueblo. Esa es la mejor forma de demostrar que su compromiso con la honestidad y la transparencia no fue solo un discurso.
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