SANTO DOMINGO. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, expresó su rechazo al nuevo arancel del 10% que Estados Unidos aplicará a las exportaciones dominicanas a partir del 7 de agosto de 2025, como parte de una estrategia comercial impulsada por el expresidente Donald Trump.
Durante el acto de incineración de más de 11 millones de productos ilícitos decomisados, Bisonó afirmó que, aunque la República Dominicana fue incluida en la categoría de países con las tarifas más bajas, el Gobierno dominicano mantiene una posición firme en defensa del libre comercio y del acuerdo vigente con EE.UU.
“No queremos ninguna tarifa, queremos que se respete el DR-Cafta”, sentenció el ministro, haciendo referencia al tratado de libre comercio que vincula a Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
“No estamos satisfechos con ninguna tarifa”
El titular del MICM reconoció los límites del país frente a las decisiones de política arancelaria del gobierno estadounidense, pero fue enfático al señalar que no se puede considerar un alivio que el arancel sea más bajo en comparación con otras regiones.
“¿Qué te digo? ¿Que estamos satisfechos con la tarifa más baja? No. Nosotros no queremos ninguna tarifa”, insistió Bisonó.
En su declaración, el ministro explicó que países de la región enfrentan aranceles de entre 14% y 18%, mientras que algunos países asiáticos están siendo impactados con tasas de hasta el 30%, y México se enfrenta a un rango entre 25% y 27%, según los datos oficiales más recientes.
El funcionario destacó que el proceso aún no está cerrado del todo en Estados Unidos, dejando abierta la posibilidad de nuevos espacios de negociación o ajustes que favorezcan al comercio bilateral.
El impacto del arancel y la defensa del sector exportador
El arancel del 10%, aunque inferior al aplicado a otras naciones, representa un desafío para el sector exportador dominicano, que mantiene una fuerte relación comercial con Estados Unidos, su principal socio comercial. Las autoridades dominicanas temen que esta medida afecte la competitividad de productos clave, como textiles, manufactura ligera y agroindustria.
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Bisonó también vinculó esta preocupación con la importancia de reforzar el combate al contrabando y la producción ilícita, como medida para proteger la producción local y fortalecer la imagen del país ante sus socios comerciales.
En este sentido, valoró el acto de incineración de productos ilegales como un símbolo del compromiso del Gobierno con la legalidad, la protección del mercado interno y el cumplimiento de las normas internacionales.
