Santo Domingo.- Con la promulgación del Decreto 426-25, el presidente Luis Abinader oficializó la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, una medida contemplada en la reciente Ley 45-25. Esta integración marca un hito institucional con implicaciones profundas para la política fiscal, la planificación y la ejecución del gasto público.
Con la entrada en vigencia del Decreto 426-25, se formaliza una nueva estructura del aparato económico del Estado. Magín Javier Díaz Domingo, reconocido por su experiencia técnica y desempeño como exdirector de la DGII, ha sido designado como ministro del recién creado Ministerio de Hacienda y Economía.
El decreto también establece un equipo de alto nivel para gestionar áreas fundamentales:
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José Rijo Presbot asume como viceministro de Presupuesto y Contabilidad, conservando su rol como director general de Presupuesto.
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Martín Francos Rodríguez queda designado como viceministro de Planificación e Inversión Pública, clave para articular el gasto y las prioridades nacionales.
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Camila Hernández Villamán estará a cargo de la Política Fiscal, mientras que María José Martínez Dauhajremanejará el Crédito Público.
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Derby Bolívar de los Santos asume como viceministro del Tesoro y Patrimonio.
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Alexis Vidal Cruz Rodríguez es nombrado viceministro de Economía, reforzando la visión estratégica de desarrollo.
Este rediseño del gabinete económico supone una mayor integración y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. La eliminación de duplicidades y la centralización de funciones buscan optimizar la planificación del gasto, la inversión pública y la estrategia fiscal.
Además, el decreto deroga múltiples disposiciones anteriores que asignaban funciones por separado a estos viceministros, consolidando una estructura más unificada. Esta medida responde a la necesidad de alinear el aparato institucional con los retos de la consolidación fiscal, el aumento de la inversión pública estratégica y una mayor transparencia presupuestaria.
Con esta decisión, el gobierno apunta a un modelo más coherente de administración financiera del Estado, que permita responder con agilidad a los desafíos económicos del país.
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