Una circunvalación “calimocha”, así calificó el expresidente Leonel Fernández la nueva Circunvalación de Baní, denunciando que “costó tres veces más y es la mitad de lo que debió ser”. Con tono crítico, señaló que el proyecto se presupuestó originalmente en RD$2,200 millones y terminó costando cerca de RD$6,000 millones, con rediseños que cambiaron la obra prometida.
Pero en un país donde los sobrecostos han sido históricamente la norma más que la excepción, las palabras de Fernández activan una memoria institucional: la de su propia gestión.
Según documentos públicos, durante los gobiernos de Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012), se ejecutaron decenas de obras con sobrecostos de hasta un 175%. Casos como las hidroeléctricas Pinalito y Palomino, así como el acueducto de Samaná, firmados con Odebrecht, registraron incrementos multimillonarios mediante adendas contractuales.
¿Qué pasó con esas irregularidades?
Entre 2004 y 2012, la Cámara de Cuentas remitió 66 auditorías con indicios de corrupción a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), entonces dirigida por Hotoniel Bonilla, hoy dirigente de Fuerza del Pueblo. Ninguna de esas auditorías generó consecuencias judiciales.
Las irregularidades incluían desvíos de fondos, sobrevaloraciones, obras sin licitación, contratos alterados, activos desaparecidos y desembolsos sin respaldo documental, entre otros hallazgos que la sociedad civil denunció sin éxito.
Incluso se denunciaron aumentos patrimoniales injustificados entre funcionarios y alcaldes del periodo 2004-2012, sin que se produjeran destituciones o sanciones.
¿Y la megacorrupción?
En 2021, el propio Leonel Fernández reconoció que “en todos los gobiernos hay corruptos”, pero advirtió que el problema es mayor cuando la corrupción es promovida por el Estado. No mencionó que en sus mandatos, múltiples intentos ciudadanos y judiciales para procesar responsables fueron bloqueados o ignorados o casos como el préstamo de Sun Land, un escándalo financiero que involucró la contratación por parte del Estado dominicano, durante el gobierno de Leonel Fernández, de una deuda por US$130 millones a través de la empresa Sun Land Corporation. La operación fue concretada con la firma de una “carta-acuerdo” autorizada por el presidente Fernández, delegando poderes a Félix Bautista, entonces encargado de la OISOE, para representar al Estado y suscribir el contrato, sin pasar por el Congreso Nacional.
Todo esto nos lleva a cuestionarnos si las críticas por el costo de la Circunvalación de Baní es una genuina preocupación del ex mandatario o es un tema que busca sacar beneficio político, ya que mientras fue mandatario, no existía tal preocupación por los presupuestos finales de obras.
