El reconocido economista, Andrés (Andy) Dauhajre Hijo, plasmó en su acostumbrada columna en el periódico El Caribe, un artículo de opinión titulado “La trampa del gasto corriente” el cual analiza con precisión la situación actual de las finanzas públicas y quizás, solo quizás, una de las razones por las cuales el presidente Abinader cambió al Ministro de Hacienda.
Las finanzas públicas dominicanas enfrentan una situación crítica que, aunque disfrazada de continuidad institucional, es en realidad un patrón insostenible de endeudamiento para sostener el gasto corriente. Como bien alerta el texto de referencia: “Las finanzas públicas del país están secuestradas por el exceso de gasto corriente.” Esta afirmación no solo es correcta, sino que debe encender todas las alarmas en materia de sostenibilidad fiscal.
La evolución histórica: del superávit al endeudamiento estructural
Uno de los aspectos más reveladores del análisis de Andy Dauhajre es su revisión histórica de los últimos 75 años. En efecto, durante gran parte del siglo XX y principios del XXI, el gasto corriente se mantuvo por debajo de los ingresos corrientes, permitiendo cierto margen fiscal. Pero desde 2020, con la pandemia como detonante, el país ha caído de lleno en lo que se denomina «la trampa del gasto corriente»: los gastos superan los ingresos estructurales del Gobierno.
Esta situación, como se indica, obliga al Gobierno a financiar gastos operativos —no inversión, sino funcionamiento— con deuda. El texto no escatima en claridad: “Pasada la pandemia, sin embargo, el país no ha logrado salir de la trampa: durante el período 2021-2025, los gastos corrientes han superado todos los años los ingresos corrientes.”
Esto no es un simple desajuste temporal. Se ha convertido en una tendencia estructural, y lo más grave: sin una estrategia clara para revertirla.
Gasto corriente que ahoga la inversión
Otro punto esencial que se cita es la composición del gasto público: “Durante los últimos 75 años, el gasto corriente ha representado, en promedio, el 71% del gasto total del Gobierno.” Pero en 2025 ha alcanzado un alarmante 91%. Esto implica que apenas queda margen para inversión pública, justo cuando el país requiere mayor inversión en infraestructura, educación, salud e innovación para impulsar su competitividad.
La advertencia es dura y real: “Caminaríamos con firmeza hacia el precipicio.” Y no es una metáfora exagerada. Si se continúa financiando operaciones rutinarias con deuda, el país no solo compromete su capacidad futura de inversión, sino también su estabilidad macroeconómica.
Un llamado a la disciplina fiscal
La solución está explícitamente planteada: “Haría muy bien el presidente Abinader, si a partir del 16 de agosto próximo, ejecuta un programa serio, creíble y verificable de recortes de gastos corrientes no prioritarios.” Esta propuesta es tan obvia como políticamente difícil. El gasto corriente suele estar capturado por intereses políticos, nóminas, subsidios y estructuras clientelares difíciles de desmontar.
Pero es momento de asumir costos políticos en favor de un rediseño profundo del Estado y su rol en la economía. El país necesita más que ajustes superficiales: requiere una reforma fiscal estructural acompañada de una reingeniería del gasto público, basada en eficiencia, focalización y resultados.
Perspectiva
Lo más preocupante de esta situación no es solo el déficit fiscal, sino el componente de ese déficit: cuando el país se endeuda para pagar salarios, combustibles o alquileres, está hipotecando el futuro sin crear valor presente. La deuda pública debe ser una herramienta para crecer, no un salvavidas para sostener la inercia del Estado.
Como periodista económico, no puedo dejar de enfatizar lo evidente: la sostenibilidad fiscal no es una opción ideológica, es una condición de estabilidad macroeconómica y cuando el enfoque ha sido disminuir el gasto de capital en los últimos años es preocupante. Si lo miramos como una empresa, estos últimos años han sido priorizar gasto operativo, en vez de inversión que mejore procesos o renueve tecnología, lo que directamente afecta la competitividad del negocio, en este caso, del país.
