La República Dominicana se ha posicionado como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina durante los últimos años. Este dinamismo ha impulsado sectores como el turismo, construcción, finanzas y comercio electrónico. No obstante, hay un sector que ha cobrado especial fuerza tras la pandemia: el de los supermercados.
Durante la crisis del COVID-19, el gobierno dominicano aprobó la Ley núm. 6-22, que suspendió provisionalmente los aranceles sobre productos alimenticios esenciales. La medida buscaba proteger el poder adquisitivo de las familias y garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, la ley fue objeto de críticas.
Economistas y asociaciones agropecuarias advirtieron que los beneficios de dicha ley no se trasladarían al consumidor. Alegaron que estos incentivos suelen beneficiar más a los empresarios del sector importador que al ciudadano común. Además, la eliminación de aranceles generó preocupaciones sobre la competencia desleal, afectando a los productores locales y reduciendo la recaudación fiscal.
Pasada la emergencia sanitaria, el sector ha seguido en expansión. En el Gran Santo Domingo, se han reportado casos como la construcción de un nuevo supermercado en la avenida Enriquillo, a escasos metros del supermercado Bravo, en una zona residencial donde ya existen dos Supermercados Nacional recientemente inaugurados.
En Piantini, otra zona residencial de alto nivel, también se construye un supermercado cerca de Blue Mall, generando inquietudes por el tráfico y el uso de suelo no planificado. Además, el Grupo Ramos, propietario de marcas como La Sirena y Aprezio, anunció su intención de abrir más de 20 nuevas sucursales por año, consolidando su liderazgo en el mercado.
Para algunos economistas, esta expansión es señal de que hay alta demanda de bienes esenciales, lo que demuestra la recuperación y fortaleza del consumo. “Cuando se abren supermercados, es porque hay una base de clientes que lo sustenta. No se invierte donde no hay retorno”, explicó un experto en desarrollo económico.
No obstante, esta visión contrasta con la de muchos residentes. Un ciudadano de Los Cacicazgos expresó: “No es un tema de demanda. El problema es que se están dando permisos a lo loco, sin respetar el carácter residencial de las zonas”.
La queja es recurrente en sectores tradicionales de clase media-alta y alta, donde la llegada de grandes supermercados ha transformado la dinámica barrial. La ausencia de un plan de desarrollo urbano integral parece estar detrás de este fenómeno. Lo que debería ser una decisión basada en estudios de impacto, se está convirtiendo en un patrón de construcción reactiva y desorganizada.
Este crecimiento descontrolado plantea preguntas importantes:
¿Dónde está la autoridad urbana? ¿Cómo se están otorgando los permisos? ¿Quién protege el equilibrio entre desarrollo comercial y calidad de vida residencial?
El auge de los supermercados es, sin duda, un signo de bonanza económica. Pero, sin una política clara de ordenamiento territorial, este mismo crecimiento puede convertirse en fuente de conflicto social y deterioro urbano.
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