DIARIO FINANCIERO.- Un contrato millonario con irregularidades contractuales, auditorías con faltantes multimillonarios y un supuesto intento de soborno sacuden al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Su director, Milton Morrison, rompió el silencio en una entrevista con N Investiga, revelando detalles que comprometen a la empresa Dekolor y a su red de aliados empresariales.
En declaraciones al programa N Investiga, el director del INTRANT, Milton Morrison, denunció una serie de irregularidades vinculadas al contrato suscrito con la empresa Dekolor, S.R.L., encargada de emitir licencias de conducir. Entre los señalamientos más graves figuran intentos de soborno, adendas sin aval del Consejo Directivo y un desfalco estimado en RD$730 millones, según auditorías.
El contrato original fue adjudicado a Dekolor en 2019, con firma en enero de 2020, poco antes del cambio de gobierno. Establecía el uso de vehículos físicos y luego simuladores para las pruebas de licencias. Según Morrison, al asumir el cargo detectó que el contrato era deficitario para el Estado, con ingresos totalmente favorables a la empresa privada.
Una auditoría de la Contraloría reveló que entre 2020 y 2023, a través de la empresa Pago RD Xchange, se cobraba por el servicio de licencias sin un proceso de licitación. Esta empresa debía transferir el 90% de los ingresos al INTRANT, pero solo reportaba entre el 3% y el 5%, generando un faltante acumulado de RD$730 millones.
Adicionalmente, el contrato fue modificado con tres adendas, dos de ellas sin aprobación del Consejo Directivo del INTRANT. La primera, del 27 de mayo de 2021, aumentó el valor del contrato en un 58%, al agregar cinco nuevos servicios. La segunda, del 19 de enero de 2023, introdujo “ajustes por inflación” y un aumento adicional del 17.83%. La tercera, en junio de 2024, ratificó las anteriores y reconoció anticipadamente deudas que sumarían más de RD$936 millones.
Morrison también denunció que el contrato original otorgaba la propiedad del código fuente, software y base de datos a la empresa, no al Estado, lo que limitaba el control institucional. Este vacío legal fue subsanado en la nueva licitación abierta por el INTRANT.
Uno de los hechos más alarmantes fue el intento de soborno denunciado por Morrison. Asegura que se le ofrecieron RD$24 millones en efectivo, más RD$2 millones mensuales por extender el contrato por 24 meses. Incluso a su equipo financiero le fueron entregados obsequios con dinero en efectivo: RD$200,000 y RD$150,000, respectivamente. La querella identifica a Bolívar Batista Taveras y Georges Virgilio Ortiz Reyna, como los primeros emisarios.
En paralelo, surgieron presiones mediáticas y personales. Ocho días antes de interponer la querella, el diario The Miami Independent publicó un reportaje sobre la compra de una casa en Florida por parte de Morrison, sugiriendo omisión en su declaración jurada. Morrison respondió que la adquisición fue lícita, documentada y producto de una venta de propiedad en el país.
La relación de Jochy Gómez, vinculado a Dekolor, con Roger Stone, exasesor de Trump y figura polémica en EE. UU., también generó tensiones, especialmente tras la difusión de publicaciones acusatorias en redes sociales.
Dekolor y su presidente, Rogelio Oruña, ya habían sido señalados en otras licitaciones cuestionadas, como la compra de termómetros industriales para el Ministerio de Defensa durante la pandemia y el caso de la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, que pasó de RD$100 millones a RD$1,317 millones.
El nuevo proceso de licitación, ahora en curso, ha sido objeto de presiones judiciales, según la Dirección de Contrataciones Públicas, que sin embargo respalda la legalidad y robustez del pliego actual.
