“Quizá la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas”, reflexionó Borges hace cien años. Una de las más recurrentes en economía —“esta vez es diferente”— suele disfrazar con ropajes nuevos un viejo error: creer que, pese al deterioro de los riesgos sistémicos, esta vez sí lograremos evitar las consecuencias.
En medio de una creciente incertidumbre global, esa metáfora cobra vida en el plano fiscal. Bajo la promesa de que somos una economía de alto crecimiento, mantenemos el déficit controlado y hemos fortalecido las instituciones fiscales, resurge la idea de que esta vez, postergar el ajuste impostergable sí será distinto.
¿Y si no lo es?
¿Qué tan sólida es nuestra salud fiscal?
A juzgar por el riesgo país, hoy en mínimos históricos, parecería que las finanzas públicas dominicanas nunca habían estado mejor. Este indicador, que mide la prima exigida por inversionistas para adquirir nuestra deuda soberana en vez de un bono de menor riesgo —como el estadounidense—, ronda los 200 puntos básicos. Es incluso inferior al de países con grado de inversión como México o Panamá, y representa la tercera mayor reducción en América Latina desde la pandemia.
Esta percepción de bajo riesgo responde, en parte, al firme compromiso de las autoridades con la disciplina fiscal. No sólo han mantenido el déficit en promedios similares a la prepandemia —incluido el presupuestado en 2025 de 3% del PIB—, sino que aprobaron una ley de responsabilidad fiscal que limita el crecimiento del gasto y fija una meta de reducción de deuda durante la próxima década.
Gracias a esta disciplina, R.D. ha liderado una de las consolidaciones fiscales más importantes de la región, registrando la segunda mayor reducción de deuda —en proporción al PIB— desde los picos pandémicos, sólo superada por Argentina.
A ello se suman otros pilares de confianza, como la estabilidad política y social, niveles récord de inversión extranjera y un liderazgo regional en crecimiento económico. No sorprende entonces que S&P, Fitch y Moody’s continúen otorgándonos las mayores calificaciones de nuestra historia: BB, BB- y Ba3, respectivamente.
Con estos logros, es comprensible que muchos crean que esta vez sí es diferente; que podemos postergar el ajuste o incluso prescindir de él. Pero sería un error confundir fortaleza coyuntural con sostenibilidad estructural.
¿Qué es lo que no estamos viendo?
Primero, que el riesgo país es una brújula emocional de los mercados. Refleja percepciones, no permanencia. Y las percepciones pueden cambiar súbitamente, por ejemplo, si se debilita la narrativa de alto crecimiento que hoy nos favorece.
Justo en 2025 —el primer año del ambicioso objetivo presidencial META RD2036, que requiere un crecimiento del 6% anual para duplicar el PIB en ese período—, el país corre el riesgo de crecer por debajo del 3% por segunda ocasión en apenas tres años. De concretarse, sería la primera vez en más de veinte años. ¿Se trata de una anomalía coyuntural? ¿O es el síntoma clásico de países atrapados en la trampa del ingreso medio, avecinándose a una fase de menor crecimiento potencial?
Segundo, que mantener el déficit en niveles similares al promedio prepandemia no garantiza sostenibilidad. De hecho, las políticas vigentes llevarían a que la deuda continúe creciendo y alcance, en menos de una década, el mismo pico de la pandemia: 69% del PIB.
Pero más preocupante aún es la composición de ese déficit. Hoy, el pago de intereses consume poco más de una quinta parte de los ingresos—la proporción más alta de nuestra historia y la segunda mayor de Latinoamérica.
A eso se suma el retroceso de más de una década en subsidios eléctricos. Tras reducirlos a un mínimo histórico de 0.4% del PIB en 2019, se estima que en 2025 continuarán triplicados en 1.4% por segundo año consecutivo. Es una cifra no vista desde 2014, pese a que los precios internacionales de los hidrocarburos hoy son más bajos y estables que entonces.
Junto al gasto en intereses y en nómina —ambos difíciles de recortar políticamente— estas tres partidas ya absorben más del 60% de los ingresos fiscales, el mayor nivel en 25 años.
Ese limitado espacio fiscal está pasando factura. Lo que antes era una excepción, se ha vuelto norma: por séptimo año consecutivo, los ingresos no alcanzan ni siquiera para cubrir el gasto corriente. Lo que quiere decir que cada vez más, el endeudamiento público deja de financiar inversión para costear la operación diaria del Estado. En otras palabras, si las finanzas públicas fueran un hogar, esto sería como endeudarse para pagar la tarjeta de crédito.
Pero… si los fundamentos se deterioran, ¿qué sostiene la aparente estabilidad fiscal?
Por el lado de los ingresos, el Gobierno ha recurrido cada año a negociar pagos adelantados de impuestos con grandes contribuyentes —equivalentes a 1% del PIB en 2024—, lo que inflan temporalmente las recaudaciones. Esto es como subirse a una máquina del tiempo, viajar al futuro y sustraer parte de los ingresos fiscales de las próximas generaciones… sin su consentimiento.
Por el lado del gasto, se han realizado operaciones de manejo de pasivos que alivian transitoriamente el calendario de pagos de intereses, que libera espacio fiscal a corto plazo. De nuevo se ocupa la máquina del tiempo: esta vez para cargarle a las generaciones futuras parte del servicio de la deuda de hoy…también sin su consentimiento.
Son tácticas que administran el síntoma, no la causa. Soluciones financieras a un desafío esencialmente económico. Y, lo más inexplicable, ocurren pese al gobierno mantener depósitos ociosos de 3% del PIB en la banca.
¿Y qué hay de la regla fiscal…ayuda o complica?
Lejos de aportar una solución sostenible, la regla fiscal ha impuesto al país una camisa de fuerza innecesaria, al fijar un tope de crecimiento real al gasto primario de 3%.
Nuestro gasto primario (16% del PIB en 2024) es de los más bajos de la región. Cumplir con la regla implicaría recortarlo aún más, justo cuando la economía demanda inversión pública para contrarrestar la desaceleración vigente. Y de continuar haciéndolo durante la próxima década, alcanzaría 12%, uno de los menores del mundo, algo social y políticamente insostenible.
Aquí conviene hacer una distinción fundamental: una cosa es el tamaño del gasto, y otra muy distinta su calidad. Que el gasto público dominicano sea ineficiente no significa que sea elevado. Es como confundir el peso corporal con el porcentaje de grasa: seguro hay mucha grasa por eliminar, pero eso no justifica poner a dieta a un cuerpo ya anémico.
La regla fiscal parece pensada para economías con gasto excesivo, no para una como la nuestra, con gasto bajo y mal ejecutado. Mientras subsistan tantas brechas sociales, habitacionales e infraestructurales —que además crecen con el tiempo y al sector privado no le resulta rentable atender—, cualquier mejora en la eficiencia del gasto debería destinarse a cerrarlas, no a achicar un Estado que aún no alcanza a cubrirlas.
Además, la regla penaliza la inversión pública. Para cumplirla, en 2025 se presupuestó en 2.2% del PIB, su menor nivel en medio siglo. Así, el país queda atrapado en un dilema peligroso: cumplirla y erosionar el crecimiento futuro, o incumplirla y deteriorar su credibilidad fiscal. Urge rediseñarla.
¿Y si esta vez sí lo hacemos diferente?
Para lograrlo —aunque incómodo, incluso entre quienes reconocen su urgencia—, hay que ponerle el cascabel al “gato fiscal”. Es hora de retomar el diseño de una reforma alineada con una visión de desarrollo a mediano y largo plazo.
El fallido intento de 2024 fue aleccionador: Un proceso hermético, mal comunicado y técnicamente débil reforzó la idea en el imaginario colectivo de que “reforma” significa sacrificio, pero no bienestar. Y sin embargo, no todo fue negativo: por primera vez en años, la clase política y buena parte del empresariado coincidieron en que el ajuste sí es necesario. El fracaso no estuvo en el qué, sino el cómo.
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Esa coincidencia no debe desperdiciarse. El presidente Abinader ya ha demostrado —en el manejo del reto migratorio— que es posible convocar al liderazgo político y consensuar respuestas de Estado ante desafíos existenciales. Si todos reconocen que, les guste o no, quien asuma la banda presidencial en 2028 heredará la responsabilidad de implementar un ajuste, ¿por qué no realizar una convocatoria similar para acordar su diseño?
Ese llamado no debe centrarse en las medidas específicas, sino en consensuar la metodología de su diseño. Un proceso legítimo exige apertura, pluralidad y rigor técnico. Incluir especialistas de clase mundial en áreas críticas —como eficiencia del gasto, administración tributaria, evasión, incentivos fiscales, economía digital y progresividad—, junto con la experiencia de expresidentes y exministros de que hayan liderado reformas similares, serviría de brújula para evitar errores conocidos. Cada eje debe contar con liderazgo técnico creíble y apoyo sostenido de expertos locales. Todo ello proyectaría que se apuesta por un diseño técnico, riguroso y a la altura del desafío.
Pero nada de esto funcionará sin reconstruir el puente entre ciudadanía y gobierno, debilitado tras el fracaso anterior. Urge hacerlo. Por eso, una estrategia de comunicación debe formar parte del andamiaje técnico desde el inicio. Investigaciones de campo que identifiquen las causas del rechazo y alimenten narrativas claras que expliquen el porqué, el para qué y el cómo de la reforma.
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Hay que mostrar que esta vez sí hay método. Que hay expertos. Que hay medidas compensatorias bien pensadas. Que el proceso será tan riguroso como transparente. Solo así el escepticismo se transformará en confianza, y la desconfianza, en el mayor consenso posible.
El compromiso político —y la expectativa del empresariado y la ciudadanía— debería ser inequívoco: que la reforma que resulte de dicha metodología se implemente tras las elecciones de 2028, gane quien gane.
Así, podríamos evitar futuros precipicios fiscales y canalizar los recursos hacia el cierre de brechas sociales, habitacionales y de infraestructura crítica que frenan nuestro desarrollo.
Todo ello, como parte de una agenda más amplia que incluya reformas estructurales pendientes en ámbitos clave como el mercado laboral, el sistema de pensiones, la competitividad y el más importante de todos: la educación. Seguramente esto nos acercaría a una senda de desarrollo más sostenible y equitativa.
Emprender un ajuste estructural es difícil. Exige convicción y coraje político, talento y pericia técnica, y una visión de futuro que no se conforme con la coyuntura favorable. Pero no es imposible.
Con inteligencia y decisión, nuestras autoridades también pueden lograrlo. Después de todo, incluso Borges logró lo que parecía inalterable: durante su visita a Egipto, cuenta que, a pocos metros de la gran pirámide, tomó un puñado de arena y, al dejarlo caer unos pasos más adelante, susurró…
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