Santo Domingo. El comunicador y autodenominado investigador Ángel Martínez, conocido popularmente como “Detective Ángel”, enfrenta múltiples demandas por difamación e injuria en la República Dominicana. Las acciones legales provienen de figuras destacadas del ámbito político, empresarial y mediático, quienes alegan daños a su honor, reputación y estabilidad emocional.
Una de las más recientes y resonadas querellas fue presentada por Faride Raful, actual ministra de Interior y Policía, quien interpuso una demanda penal con constitución en actor civil tanto contra Martínez como contra la comunicadora Ingrid Jorge. La funcionaria reclama una indemnización de 100 millones de pesos (50 millones a cada uno) por los daños ocasionados por declaraciones que la vinculan, presuntamente sin fundamento, con el narcotráfico, el tráfico de armas y amenazas con difundir contenido íntimo a través de plataformas digitales.
Otro de los casos es el del periodista y analista político Vargavila Riverón, quien ha demandado a Martínez por haberlo vinculado con “sectores oscuros del bajo mundo” y por sugerir que era defensor de capos o empleado de narcotraficantes. Riverón reclama una compensación de 10 millones de pesos por los daños a su imagen y credibilidad profesional.
El expresidente de la República, Hipólito Mejía, también se suma a la lista de demandantes. Mejía anunció que presentará acciones legales contra el comunicador luego de que este lo acusara falsamente de haber recibido dinero del narcotraficante Ernesto Quirino. El exmandatario calificó las acusaciones como “chantaje” y confirmó que la demanda será de carácter económico.
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A estos casos se añade el del empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, presidente de la Asociación Ecuestre Nacional, quien presentó una querella penal acusando a Martínez de extorsión, chantaje, difamación pública, injuria y uso indebido de medios digitales para atacar su imagen.
También figura Milagros De Camps Germán, exviceministra de Cambio Climático, quien presentó una querella similar. Aunque en este caso, Martínez ofreció disculpas públicas por sus declaraciones, el proceso legal quedó registrado como parte de los antecedentes del comunicador.
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Finalmente, el diputado Sergio Moya (Gory) inició un proceso judicial en 2021, que incluso llevó a la detención temporal de Martínez. El caso concluyó con medidas cautelares como impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
En conjunto, estas acciones legales reflejan un patrón de acusaciones públicas y declaraciones sin respaldo legal que han motivado respuestas judiciales por parte de varias figuras dominicanas. Ángel Martínez enfrenta demandas por difamación que podrían tener consecuencias económicas y legales de gran magnitud si se determina responsabilidad penal o civil en su contra.
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