República Dominicana – El diputado Rafael Duluc, conocido como “Cholitín”, anunció el retiro del proyecto de ley sobre el discurso de odio que había presentado ante el Congreso Nacional. La decisión fue adoptada luego de recibir observaciones y críticas de diversos sectores de la sociedad civil, medios de comunicación, juristas y defensores de derechos humanos, quienes expresaron su preocupación por los posibles efectos de la iniciativa sobre la libertad de expresión.
El proyecto buscaba establecer sanciones para los discursos de odio, con especial énfasis en aquellos emitidos a través de plataformas digitales. Las medidas contemplaban penas de uno a tres años de prisión y multas de entre 10 y 50 salarios mínimos del sector público.
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En su declaración, Duluc explicó que la iniciativa surgió como respuesta a la creciente ola de manifestaciones de odio en redes sociales, ataques anónimos, discursos discriminatorios y violencia verbal, muchas veces amparadas bajo el derecho a la libre expresión.
“El objetivo del proyecto era proteger la dignidad humana y promover una convivencia basada en el respeto. No se trataba de censurar, sino de frenar expresiones que incitan al odio y la violencia”, argumentó el legislador.
No obstante, la propuesta generó un intenso debate público. Organizaciones de derechos civiles, representantes del gremio periodístico y sectores académicos alertaron sobre el riesgo de que una legislación mal definida pudiera abrir la puerta a la criminalización del disenso, coartar la crítica legítima y debilitar pilares democráticos como la libertad de prensa y de opinión.
Ante este contexto de polarización y falta de consenso, Cholitín consideró más prudente retirar el proyecto para dar paso a una reflexión más amplia. “Lo responsable es convocar a un diálogo nacional, participativo y plural, donde escuchemos a todos los sectores. El país necesita una legislación equilibrada, que garantice tanto el derecho a expresarse como la protección frente al odio”, añadió.
El diputado reafirmó su compromiso con los derechos fundamentales y sostuvo que no renuncia a la idea de establecer mecanismos legales contra el odio y la violencia digital, pero que estos deben construirse sobre la base del consenso y el respeto a la Constitución.
