SANTO DOMINGO.– La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha dispuesto la inmovilización de varias propiedades y empresas vinculadas al empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, donde el pasado 8 de abril ocurrió un trágico colapso de techo que causó la muerte de 232 personas y dejó a más de 180 heridas.
Entre las entidades afectadas por las medidas cautelares figuran Inversiones E y L SRL, Jet Set Club y otras propiedades que, según informaciones obtenidas por las autoridades, estaban en proceso de ser transferidas. Esta situación motivó al órgano persecutor a actuar con rapidez para impedir posibles transacciones patrimoniales durante el proceso de investigación.
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Aunque las acciones están amparadas en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, el Ministerio Público aclaró que esto no implica que se esté investigando a Espaillat por lavado. Más bien, se utiliza esa figura legal como herramienta para detener preventivamente cualquier traspaso, sin necesidad de una acusación formal, como lo permite la normativa en contextos de investigaciones complejas.
Estas medidas forman parte de las diligencias procesales que ejecuta la Procuraduría General de la República, con el fin de preservar activos que pudieran ser clave para garantizar eventuales indemnizaciones a las víctimas o asegurar la responsabilidad económica de los posibles responsables.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la intención de las autoridades es salvaguardar los bienes que podrían ser objeto de litigios civiles en caso de que se confirme la existencia de negligencia, fallas estructurales o incumplimientos normativos por parte de los responsables del local nocturno.
El empresario Antonio Espaillat ha declarado públicamente su disposición a colaborar con la investigación, aunque el Ministerio Público ha intensificado la revisión de documentos relacionados con el caso. Entre ellos se encuentran licencias de operación, pólizas de seguro, permisos de construcción y evaluaciones estructurales del edificio donde operaba Jet Set.
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La investigación se desarrolla en paralelo a los análisis técnicos que buscan determinar las causas exactas del colapso. Expertos del área de ingeniería estructural, así como entidades del gobierno relacionadas con seguridad de edificaciones y protección civil, están colaborando en la recopilación de información clave.
La inmovilización de bienes representa un paso crucial en el proceso legal, ya que permite mantener a salvo los recursos económicos que podrían ser utilizados en compensaciones futuras. Esta estrategia también responde a la necesidad de evitar la dilución patrimonial en casos donde se anticipan demandas colectivas o querellas judiciales.
Hasta el momento, no se han formulado acusaciones penales directas contra Espaillat, aunque no se descarta ninguna posibilidad en función de los hallazgos que surjan durante la investigación.
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