Washington, D.C. – El presidente Donald Trump anunció en la red social X (antes Twitter) una medida que podría transformar profundamente la estructura del gobierno federal. Según su declaración, una nueva Orden Ejecutiva emitida el “Primer Día” de su nueva administración instruirá a la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) a crear una nueva clasificación dentro del Servicio Civil Federal.
Bajo esta disposición, los empleados de carrera involucrados en políticas públicas pasarán a denominarse «Política de Horarios/Carrera», y estarán sujetos a lo que Trump denominó como “los más altos estándares de conducta y desempeño”. El objetivo, según el mandatario, es que aquellos funcionarios que se nieguen a promover los intereses políticos del Presidente o que incurran en conductas calificadas como corruptas, puedan ser removidos de sus cargoscon mayor facilidad.
“Esto es de sentido común y permitirá que el gobierno federal finalmente se gestione como una empresa”, escribió Trump.
La iniciativa ha generado reacciones mixtas. Sus partidarios la interpretan como un paso necesario para eliminar la burocracia y combatir lo que consideran una resistencia interna por parte de empleados públicos no electos. Sin embargo, expertos en administración pública y constitucionalistas han advertido sobre los riesgos de politizar el aparato estatal, al debilitar el principio de neutralidad que históricamente ha regido la función pública estadounidense.
Following my Day One Executive Order, the Office of Personnel Management will be issuing new Civil Service Regulations for career government employees. Moving forward, career government employees, working on policy matters, will be classified as “Schedule Policy/Career,” and will…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2025
Precedentes y contexto
Esta propuesta recuerda al fallido intento de implementar el «Schedule F», una orden ejecutiva de 2020 firmada por Trump en su mandato anterior. Aquella medida buscaba reclasificar a miles de empleados públicos para que pudieran ser despedidos sin necesidad de justificación formal. La orden fue derogada por el presidente Joe Biden en su primer día de gobierno, en un esfuerzo por restaurar las protecciones laborales del servicio civil.
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La nueva versión, sin embargo, parece aún más ambiciosa, ya que asocia directamente la permanencia en el cargo con la promoción activa de los intereses del Ejecutivo. Este enfoque ha sido criticado por organismos de derechos civiles y asociaciones de empleados federales, que ven en la medida un intento de crear una fuerza laboral partidista.
¿Gobierno como empresa?
Trump argumenta que el Estado debe funcionar como una empresa eficiente, donde el rendimiento y la lealtad son evaluados como en el sector privado. Esta visión corporativa del gobierno es respaldada por ciertos sectores conservadores, que consideran que el aparato estatal debe alinearse con el proyecto político del mandatario electo.
Sin embargo, los principios del servicio civil moderno se fundan en la meritocracia, la continuidad institucional y la imparcialidad técnica. Para críticos, convertir al empleado público en un “promotor de intereses políticos” podría socavar la función de control, análisis y asesoramiento independiente que deben desempeñar las agencias federales.
