Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, un acontecimiento sin precedentes marcó la política peruana: el allanamiento de la residencia de la presidenta Dina Boluarte y del Palacio de Gobierno, ejecutado por el Ministerio Público. Este operativo formó parte de una investigación de corrupción que indaga en el presunto enriquecimiento ilícito de Boluarte, focalizándose en una omisión en la declaración de propiedad de relojes Rolex de lujo. Este hecho, calificado por la mandataria como “desproporcionado y abusivo”, ha añadido otra capa de complejidad a la ya tensa situación política del país.
El inicio de esta investigación se remonta al lunes 18 de marzo, desencadenado por un informe del programa local La Encerrona, que evidenció el uso de relojes de lujo por parte de Boluarte en eventos públicos. La Fiscalía no tardó en abrir diligencias preliminares enfocadas en el «uso de relojes de la marca Rolex», mientras que la Contraloría inició un proceso para evaluar las declaraciones de ingresos, bienes y rentas de la presidenta.
A pesar de los allanamientos, la Fiscalía mantuvo en reserva los hallazgos del operativo, aunque se reveló que se encontraron varios relojes en la residencia de Boluarte en el Palacio de Gobierno. La situación se agrava considerando que Boluarte también enfrenta investigaciones por presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves», relacionados con las muertes ocurridas durante las manifestaciones que sacudieron al país entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
El escenario político se complica aún más con la presentación de una nueva solicitud de vacancia (destitución) por «incapacidad moral» contra Boluarte, impulsada por la bancada parlamentaria de Perú Libre. Este pedido de destitución se suma a los desafíos que enfrenta la mandataria, quien, aunque no cuenta con una bancada propia, recibe el respaldo de varias fuerzas mayoritarias en el parlamento unicameral.
Este conjunto de eventos no solo pone en tela de juicio la gobernabilidad de Perú, sino que también destaca la intensa vigilancia y el rigor con el que se examinan las acciones y el patrimonio de sus líderes. La situación de Dina Boluarte ilustra el delicado balance entre la responsabilidad política, la transparencia y la estabilidad gubernamental en tiempos de crisis.
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