El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) enfrenta un nuevo frente legal tras la interposición de un recurso de amparo que cuestiona la legalidad de su actuación en el proceso de preselección de jueces para la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El núcleo del conflicto se centra en la aplicación de un criterio administrativo que limita la elegibilidad de jueces en función del escalafón, una condición que, según los accionantes, no está contemplada en la Constitución dominicana.
Un criterio administrativo con impacto constitucional
De acuerdo con el Acta núm. 011-2025-CNM, el órgano constitucional avanzó en la preselección de aspirantes a la SCJ y al Tribunal Superior Electoral, tras recibir y evaluar decenas de postulaciones .
Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado porque el CNM habría aplicado un criterio restrictivo que excluye a jueces que no pertenecen a la Corte de Apelación, aun cuando cumplen con los requisitos constitucionales.
El recurso de amparo sostiene que esta exclusión constituye una violación directa de derechos fundamentales, incluyendo:
- El derecho a la igualdad
- El acceso a la función pública
- El debido proceso
El punto jurídico clave: el artículo 153 de la Constitución
El eje central del debate radica en el artículo 153 de la Constitución, el cual establece de manera taxativa los requisitos para ser juez de la Suprema Corte.
Entre estos requisitos se incluyen:
- Ser dominicano
- Tener al menos 35 años
- Ser abogado
- Contar con 12 años de ejercicio profesional
Pero no exige pertenecer a ningún escalafón específico dentro del Poder Judicial.
Según los documentos del amparo, el CNM habría incurrido en una extralimitación reglamentaria, al introducir un requisito adicional mediante el Reglamento 1-25, lo que podría vulnerar el principio de supremacía constitucional .
De la norma abstracta al acto concreto
Uno de los elementos más relevantes del caso es la distinción jurídica entre:
- La norma general (Reglamento 1-25)
- Su aplicación concreta (exclusión de jueces específicos)
El amparo no busca anular el reglamento en abstracto, sino impedir la aplicación de un criterio que ya ha producido efectos concretos, como la exclusión del juez Miguel Encarnación del proceso de evaluación .
Este enfoque es clave, ya que permite activar la vía expedita del amparo en lugar de procesos más largos como el contencioso administrativo.
Un conflicto con implicaciones institucionales
El caso no se limita a una disputa individual. Según un análisis presentado a DIARIO FINANCIERO, en los documentos, lo que está en juego es el alcance de la potestad reglamentaria del CNM.
Las evidencias apuntan a que:
- El reglamento habría creado condiciones no previstas en la Constitución
- Se habría producido una aplicación reiterada del criterio restrictivo
- La exclusión tendría carácter actual y continuado, afectando procesos en curso
Esto abre un debate más amplio sobre los límites de los órganos constitucionales y la posibilidad de control judicial sobre sus decisiones cuando afectan derechos fundamentales.
El rol del Tribunal Superior Administrativo
El recurso ha sido elevado ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que deberá decidir si procede ordenar al CNM:
- Permitir la evaluación de los jueces excluidos
- Cesar la aplicación del criterio cuestionado
El amparo se fundamenta en la necesidad de una respuesta inmediata, dado que el proceso de selección judicial está en curso y el daño alegado podría ser irreversible si no se actúa a tiempo.
Un precedente que podría redefinir el acceso a la Suprema Corte
Más allá del caso específico, la decisión que adopte el TSA podría sentar un precedente relevante en materia constitucional.
Si se valida la tesis de los accionantes, el fallo implicaría que:
- Ningún reglamento puede agregar requisitos no previstos en la Constitución
- El acceso a altas funciones judiciales debe regirse exclusivamente por criterios constitucionales
- Se reforzaría el principio de igualdad en la carrera judicial
En un contexto donde la independencia institucional y la transparencia en la selección de jueces son temas críticos, este caso se perfila como una prueba de estrés para el sistema constitucional dominicano.
