La dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó de forma categórica cualquier intento de vincular a esa organización política con el uso de fondos provenientes de actividades ilícitas, en el contexto del denominado Caso Cobra.
La posición fue fijada mediante una comunicación formal dirigida al director de Listín Diario, Miguel Franjul, amparada en las disposiciones de la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, en respuesta a informaciones publicadas el 19 de enero de 2026.
En el documento, el PRM expresa un rechazo enérgico y categórico a cualquier insinuación que pretenda asociar a la organización o a sus campañas con recursos de origen ilegal, calificando dichas versiones como infundadas y carentes de sustento probatorio.
El partido subraya que, lejos de encubrir irregularidades, el actual gobierno ha actuado como acusador directo. En ese sentido, recuerda que por instrucción del presidente Luis Abinader, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se constituyó como actor civil dentro del proceso judicial, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), con el objetivo de que los responsables enfrenten consecuencias penales y devuelvan cada centavo sustraído.
“El Estado identifica, persigue y demanda el resarcimiento de los fondos públicos”, sostiene la comunicación, calificando esta actuación como una señal inequívoca de distancia absoluta frente a cualquier práctica irregular.
En cuanto a la lucha anticorrupción, el PRM afirma que su compromiso es real y verificable, y que no tolera “desbordamientos éticos”. De acuerdo con el texto, cualquier persona que haya fallado a la confianza pública debe responder a título individual, sin pretender escudarse en estructuras partidarias.
Sobre el financiamiento político, la organización asegura que sus campañas se han desarrollado en estricto apego a la ley, respaldadas por auditorías privadas y reportes financieros entregados oportunamente ante la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas, por lo que califica como falsos los alegatos de financiamiento irregular.
Finalmente, el PRM reiteró su plena disposición de colaborar con el Ministerio Público y defendió la independencia judicial como uno de los logros institucionales del actual gobierno. “Hoy la justicia habla a través de pruebas, no de conveniencias políticas”, señala el documento, expresando confianza en que el proceso llegará hasta las últimas consecuencias.
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