Santo Domingo.– El Tribunal Constitucional de la República Dominicana confirmó la absolución del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y del empresario Ángel Rondón en el caso de los sobornos de Odebrecht en República Dominicana.
La decisión fue adoptada el 4 de febrero de 2026 y valida la sentencia número SCJ-SS-24-0969, emitida en julio de 2024 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana.
Con esta resolución, la absolución adquiere carácter definitivo.
Un proceso marcado por cifras millonarias
El expediente giró en torno a los US$92 millones en sobornos que la constructora brasileña admitió haber pagado en el país para la adjudicación de obras públicas.
En primera instancia, Díaz Rúa fue condenado a cinco años de prisión, mientras que Rondón recibió una pena de ocho años. Posteriormente, la Corte del Distrito Nacional confirmó esas sentencias.
Sin embargo, la Segunda Sala de la SCJ revocó las condenas al concluir que el Ministerio Público no logró probar la acusación más allá de duda razonable.
Ratificación del descargo
El Tribunal Constitucional respaldó esa interpretación jurídica. Además, mantuvo la absolución del abogado Conrado Pittaluga Arzeno, cuyo descargo también había sido apelado por el Ministerio Público.
En su fundamentación, la SCJ sostuvo que no encontró pruebas suficientes que sustentaran responsabilidad penal de los acusados.
El fallo también ordenó la devolución de los bienes incautados durante el proceso.
Integración de los tribunales
La sentencia de la Suprema Corte fue firmada por los magistrados Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y María G. Garabito Ramírez.
En el Tribunal Constitucional, la decisión fue respaldada por Miguel Valera Montero, en funciones de presidente, junto a José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana de Cabrera y José Alejandro Vargas Guerrero.
Perspectiva
La confirmación de la absolución cierra uno de los procesos judiciales de mayor impacto político y mediático en la última década en República Dominicana. El fallo consolida el criterio de insuficiencia probatoria adoptado por la Suprema Corte y redefine el balance procesal en uno de los casos más emblemáticos vinculados a corrupción internacional.
