Bogotá, Colombia. En un fallo sin precedentes en la historia de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal este lunes por un juzgado de Bogotá. La decisión fue emitida por la jueza Sandra Heredia, tras una jornada judicial que se extendió por más de diez horas y que sella más de una década de una batalla legal altamente mediática.
El caso se remonta al año 2012, cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de vínculos con grupos paramilitares. En respuesta, Uribe intentó desmentir tales acusaciones y, según el fallo, ordenó a terceros influenciar a testigos encarcelados para que declararan a su favor. Las pruebas presentadas incluyen una grabación realizada con un reloj espía en la cárcel La Picota, en la que el abogado Diego Cadena, entonces defensor del expresidente, ofrecía beneficios jurídicos a cambio de testimonios favorables.
Durante la audiencia, Heredia afirmó: “No cabe duda de que el procesado sabía de su proceder… él mismo la ejecutaba desde las sombras”. Uribe fue absuelto del delito de soborno simple, pero su responsabilidad en el resto de los cargos fue considerada probada. La jueza también subrayó que el proceso estuvo marcado por “pasiones y emociones” que han polarizado a la opinión pública.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, es el primer expresidente en ser condenado penalmente en el país. Su condena podría alcanzar hasta 9 años de prisión, aunque se definirá en una audiencia posterior. Mientras tanto, permanece en libertad y podría cumplir la sentencia bajo prisión domiciliaria.
El caso ha generado reacciones tanto nacionales como internacionales. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, defendió a Uribe y denunció una presunta “instrumentalización de la justicia”. Afirmó que el expresidente ha sido condenado por su lucha patriótica y no por actos delictivos.
En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro declaró que su gobierno no presiona a los jueces y pidió respeto por las decisiones judiciales, incluso entre los simpatizantes de Uribe. A su vez, líderes de derecha como la senadora María Fernanda Cabal calificaron el fallo como “escrito por enemigos políticos” y lo anunciaron como una causa de campaña electoral.
Por otro lado, políticos del oficialismo y figuras como el exsenador Gustavo Bolívar celebraron el fallo como una señal de que “la justicia cojea, pero llega”. El proceso, que inició formalmente en 2018 y vivió numerosos intentos de cierre, fue reactivado bajo la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien fue nominada por el presidente Petro.
Aunque Uribe renunció a su escaño en el Senado para evitar ser procesado por la Corte Suprema, la justicia ordinaria retomó el caso. La defensa del exmandatario todavía puede apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que será responsable de confirmar o modificar la sentencia.
Este caso marca un antes y un después en la relación entre el poder político y el sistema judicial colombiano. La resolución judicial no solo tiene consecuencias legales, sino que también reconfigura el mapa político con miras a las elecciones presidenciales de 2026.
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