La República Dominicana, reconocida mundialmente por sus playas paradisíacas, su clima cálido y su hospitalidad, ha logrado consolidarse como el principal destino turístico del Caribe. En 2023, el país recibió más de 8 millones de visitantes internacionales, lo que representó ingresos superiores a US$8,400 millones, según datos del Banco Central. Sin embargo, mientras los hoteles y otros actores formales del sector han sido fundamentales para este crecimiento, una nueva forma de alojamiento ha generado controversia por su impacto en el mercado: Airbnb.
Quienes se Pueden Beneficiar del Encaje Legal
Esta plataforma, que promete una experiencia auténtica y personalizada, ha crecido de manera exponencial en los últimos años, especialmente en destinos como Punta Cana, Santo Domingo y Las Terrenas. Aunque Airbnb ha ampliado las opciones de alojamiento, su funcionamiento desregulado ha generado competencia desleal, afectando al turismo formal, las comunidades locales y las arcas del Estado dominicano.
El crecimiento desmedido y sus implicaciones
En los últimos cinco años, el número de propiedades listadas en Airbnb en la República Dominicana se ha multiplicado por cinco, superando las 15,000 propiedades activas en 2023. Este fenómeno no solo refleja la creciente popularidad de la plataforma entre los viajeros, sino también su falta de regulación. Mientras los hoteles están sujetos a estrictos requisitos fiscales, de seguridad, de empleo formal y de sostenibilidad, la mayoría de los anfitriones de Airbnb opera en un marco informal.
Según estimaciones de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), esta informalidad ha generado pérdidas fiscales de más de US$50 millones anuales. Esto se debe a que gran parte de los ingresos generados por Airbnb escapan del radar de las autoridades tributarias, ya que los anfitriones no pagan impuestos sobre la renta, ITBIS ni contribuciones municipales.
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Además, el impacto no se limita a las finanzas del Estado. La competencia desleal ha obligado a muchos pequeños hoteles y alojamientos formales a reducir tarifas para competir, afectando sus márgenes de ganancia y, en algunos casos, forzando el cierre de negocios.
Efectos sociales y económicos en las comunidades locales
El auge de Airbnb no solo afecta al turismo formal, sino también a las comunidades locales. En Santo Domingo, por ejemplo, los propietarios han transformado apartamentos residenciales en alojamientos turísticos, generando una escasez de viviendas disponibles para los residentes. Según un estudio del Banco Central, los precios de alquiler en zonas turísticas han aumentado hasta un 30% en los últimos cinco años, haciendo que barrios como la Ciudad Colonial se vuelvan inaccesibles para muchas familias locales.
Asimismo, la llegada masiva de turistas a través de plataformas como Airbnb puede generar tensiones en las comunidades locales debido al aumento del ruido, la congestión y el desgaste de infraestructuras como carreteras y servicios básicos, que no siempre están preparados para soportar esta carga adicional.
El impacto en la calidad del turismo
El turismo dominicano ha sido históricamente un motor de crecimiento económico sostenible, basado en una oferta de calidad que incluye resorts todo incluido, hoteles boutique y eco-lodges certificados. Sin embargo, la proliferación de alojamientos informales ha comenzado a cambiar esta dinámica.
La falta de regulación en Airbnb permite que propiedades no certificadas operen sin estándares mínimos de seguridad y calidad. Esto no solo pone en riesgo la experiencia del turista, sino que también puede dañar la reputación del país como destino confiable y profesional.
Además, Airbnb tiende a atraer a un segmento de turistas que prioriza el precio sobre la calidad. Si bien esto puede ser positivo para diversificar la oferta, en exceso puede desincentivar la inversión en proyectos de mayor envergadura, como complejos turísticos que generan empleo y contribuyen al desarrollo de infraestructuras.
Lecciones de otros destinos
La problemática generada por Airbnb no es exclusiva de la República Dominicana. Ciudades como Barcelona, Ámsterdam y Nueva York han implementado medidas para regular la plataforma y minimizar su impacto. Estas incluyen:
Límites de días de alquiler: En Ámsterdam, los propietarios no pueden alquilar sus viviendas más de 30 días al año.
Registro obligatorio: Ciudades como Barcelona exigen que las propiedades estén registradas oficialmente, lo que permite a las autoridades monitorear su actividad.
Impuestos específicos: Nueva York ha implementado impuestos especiales para las propiedades alquiladas a corto plazo, garantizando que contribuyan a las arcas del Estado al igual que los hoteles.
En América Latina, destinos como Ciudad de México y Buenos Aires también han comenzado a tomar medidas para regular las plataformas de alojamiento temporal, reconociendo su impacto en el mercado formal y en las comunidades locales.
El camino hacia una regulación equilibrada
En la República Dominicana, el diálogo para regular Airbnb ha sido tímido, a pesar de las reiteradas solicitudes de gremios como ASONAHORES. La falta de acción pone en riesgo el desarrollo sostenible del turismo, uno de los pilares de la economía dominicana, que representa más del 15% del PIB y genera cientos de miles de empleos directos e indirectos.
El Gobierno debe implementar políticas claras y equitativas que permitan integrar plataformas como Airbnb al mercado formal, exigiendo:
- Registro obligatorio de propiedades: Esto permitirá monitorear las actividades y recaudar impuestos de manera más eficiente.
- Límites de alquiler: Para evitar que zonas residenciales se conviertan en áreas exclusivamente turísticas.
- Contribuciones fiscales equivalentes: Los anfitriones de Airbnb deben pagar los mismos impuestos que los hoteles y otros alojamientos formales.
- Normativas de calidad y seguridad: Garantizando que todos los alojamientos cumplan con estándares mínimos que protejan a los turistas.
Conclusión
Airbnb tiene el potencial de complementar la oferta turística dominicana, ofreciendo experiencias únicas y diversificando el mercado. Sin embargo, su funcionamiento desregulado ha generado un terreno desigual que perjudica al sector formal y afecta la sostenibilidad del turismo en el país.
Es responsabilidad de las autoridades equilibrar la balanza, asegurando que todos los actores contribuyan al desarrollo económico y social del país. Solo así se garantizará que el turismo siga siendo un motor de progreso para la República Dominicana y sus comunidades.
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