El turismo se ha consolidado como la locomotora de la economía dominicana. Solo en 2024 aportó más del 16% del PIB y generó cerca de 600 mil empleos directos e indirectos, de acuerdo con el Banco Central. Ese mismo año, el país alcanzó un récord histórico con más de 10.3 millones de visitantes, un logro que nos colocó a la cabeza del Caribe en llegada de turistas internacionales. Sin embargo, bajo la superficie de este éxito late un fenómeno que amenaza con cambiar las reglas del juego: la expansión acelerada y prácticamente sin regulación de Airbnb y otras plataformas de alquiler vacacional.
Lo que nació como una alternativa innovadora para viajeros que buscaban experiencias distintas, se ha transformado en una competencia desleal y desbalanceada contra la planta hotelera formal, los grandes proyectos de construcción turística y, en última instancia, contra el propio Estado dominicano que deja de percibir ingresos vitales.
Crecimiento fuera de control
Los números son contundentes. En Bávaro-Punta Cana, epicentro del turismo dominicano, los listados de Airbnb superan ya las 25 mil unidades. En Santo Domingo, rondan las 10 mil propiedades, el doble de lo registrado hace apenas tres años. De acuerdo con estimaciones de ASONAHORES y estudios independientes, la tasa de crecimiento de Airbnb en el país ronda el 20% anual, mientras que la expansión hotelera apenas se mueve entre un 4% y 6% por año.
La planta hotelera nacional cuenta con cerca de 90 mil habitaciones, de las cuales más del 70% están concentradas en polos turísticos como Punta Cana, La Romana y Puerto Plata. Cada una de estas habitaciones cumple con regulaciones sanitarias, de seguridad, fiscales y laborales. En contraste, gran parte de los alojamientos en Airbnb operan sin controles estrictos, lo que genera un terreno de juego desigual.
Pérdidas fiscales y laborales
El impacto de esta informalidad es mayúsculo. Un estudio de ASONAHORES señala que por cada turista que se hospeda en un hotel, el Estado recibe en promedio US$120 en impuestos y contribuciones directas e indirectas. En cambio, un alquiler de corta duración a través de Airbnb apenas deja rastros en el fisco.
Si consideramos que más de un millón de turistas al año ya eligen Airbnb en República Dominicana, las pérdidas fiscales podrían superar fácilmente los US$100 millones anuales. Dinero que deja de invertirse en infraestructura, seguridad, promoción internacional y servicios que sostienen la competitividad del turismo.
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El golpe también es fuerte en el empleo. Los hoteles generan entre 1.2 y 1.5 empleos formales por habitación, sin contar los encadenamientos productivos con suplidores de alimentos, transporte, servicios de entretenimiento y mantenimiento. En contraste, un apartamento en Airbnb apenas aporta empleo directo, erosionando el efecto multiplicador que convierte al turismo en motor de desarrollo social.
Efecto en la construcción y la inversión
El sector construcción, columna paralela del turismo, tampoco escapa a esta tendencia. Hoy proliferan los proyectos “Airbnb-friendly” en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, diseñados específicamente para inversionistas que buscan rentas rápidas a través de plataformas digitales. Aunque estos proyectos generan actividad inmediata, desplazan inversiones de mayor impacto a largo plazo: hoteles de lujo, resorts todo incluido y complejos turísticos integrados que sostienen la marca país.
En 2023, la inversión extranjera directa (IED) en turismo alcanzó los US$1,200 millones, más del 30% de la IED total. Pero si la rentabilidad hotelera se debilita por la competencia informal, la atracción de capital fresco podría ralentizarse. Ya lo hemos visto: México, España y Portugal enfrentaron problemas similares y tuvieron que ajustar regulaciones para evitar que Airbnb socavara su oferta turística tradicional.
Lecciones del mundo
La historia se repite en las grandes capitales turísticas. Barcelona, Ámsterdam, Lisboa y Nueva York han limitado los alquileres de corta duración a un máximo de 90 noches por año, o han exigido licencias especiales para operar. La justificación es clara: proteger la planta hotelera, evitar la gentrificación y garantizar que el turismo no devore la calidad de vida urbana.
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En Nueva York, por ejemplo, el 2023 marcó un punto de inflexión con la implementación de la Ley Local 18, que prácticamente prohibió la operación de alquileres de menos de 30 días sin registro oficial. El resultado inmediato fue la reducción de miles de listados ilegales y una recuperación del mercado hotelero.
República Dominicana, como principal destino del Caribe, no puede darse el lujo de ignorar esta tendencia. Regular Airbnb no significa cerrarle las puertas, sino ponerle reglas claras: registro obligatorio, contribuciones fiscales, estándares mínimos de seguridad y obligaciones laborales.
Conclusión
Airbnb llegó para quedarse, pero la falta de regulación amenaza con canibalizar la industria turística más exitosa de la región. Si no se actúa con visión estratégica, los logros alcanzados en llegada de turistas, empleos e inversión podrían diluirse en un modelo desbalanceado donde el Estado pierde, la hotelería se debilita y la construcción se distorsiona.
El futuro del turismo dominicano depende de decisiones firmes. El país debe garantizar que la innovación digital y la sostenibilidad de su industria vayan de la mano, no en conflicto. De lo contrario, lo que hoy parece un “complemento turístico” puede terminar siendo la amenaza silenciosa que desmonte el motor de nuestra economía.
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