La reciente circular 018031 emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha provocado un acalorado debate sobre el derecho a la privacidad de los empleados públicos. La medida, que exige la presentación de constancias de pago de servicios como agua y electricidad, fue defendida por el titular de la institución, Sigmund Freund, quien aseguró que esta no infringe ni la Constitución ni la Ley de Función Pública.
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Freund sostuvo que la disposición está respaldada por la Estrategia Nacional de Desarrollo y fue sugerida por el Gabinete Eléctrico como parte de un esfuerzo por regular la relación contractual entre la ciudadanía y las distribuidoras de electricidad. Esta regulación, según Freund, busca fomentar una cultura de pago entre los empleados públicos.
En respuesta a los cuestionamientos sobre una posible retractación, Freund afirmó que la medida seguirá en vigor y se mostró dispuesto a defenderla “donde quiera”. Además, recordó que la Ley de Función Pública establece la importancia de promover un régimen de integridad y responsabilidad entre los servidores públicos, y recalcó que, siendo el Gobierno el mayor empleador con casi 600 mil empleados, debe ser un ejemplo de conducta.
Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, respaldó la postura de Freund. Aseguró que la disposición no viola la Constitución ni resulta en cancelaciones de empleados que no cumplan con la medida. Según Marranzini, la medida es una herramienta para enfrentar el problema eléctrico en el país, y precisó que no se solicitarán datos personales como la dirección, aunque los empleadores ya poseen esa información básica.
La circular plantea varios objetivos clave: conocer el perfil de consumo de los empleados públicos, promover el pago de los servicios, y recopilar datos esenciales para futuras políticas en el sector eléctrico. En sus palabras, Freund subrayó la importancia de cumplir con el “deber constitucional de respetar las normativas vigentes” y destacó que esta información es valiosa para implementar proyectos a largo plazo.
El debate público sigue en pie, con algunos críticos señalando una posible violación a la privacidad de los empleados. Sin embargo, tanto Freund como Marranzini insisten en que esta medida, lejos de violar derechos, busca fortalecer la responsabilidad ciudadana en el ámbito de los servicios públicos.
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