Diario Financiero.- Con la presentación de sus conclusiones formales, el Ministerio Público cerró su exposición en el juicio de fondo del Caso Coral, buscando penas máximas, decomisos patrimoniales y avalar el mecanismo de protección o reducción de penas para quienes cooperen en las investigaciones o se declaren culpables.
La lectura de conclusiones fue encabezada por Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, quien sostuvo que el cúmulo probatorio presentado durante el proceso acredita un entramado delictivo complejo, sustentado en prácticas sistemáticas de desfalco, lavado de activos y coalición de funcionarios.
Según la fiscalía, las pruebas no solo demuestran responsabilidad penal individual, sino un esquema organizado de apropiación de fondos públicos, operado desde estructuras militares y administrativas con acceso directo a recursos del Estado.
Penas solicitadas: el mensaje del castigo máximo
En ese contexto, el Ministerio Público solicitó al tribunal condenas de 20 años de prisión, junto al pago de 400 salarios mínimos, contra Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola, señalados como cabecillas del entramado.
Para la fiscalía, estas penas responden a la gravedad institucional del daño causado, al uso de posiciones de poder para desviar fondos públicos y a la sofisticación del esquema utilizado para ocultar los recursos ilícitos.
Decomiso patrimonial como eje del caso
Más allá de las penas privativas de libertad, el órgano acusador puso especial énfasis en el decomiso de bienes, solicitando la confiscación de propiedades inmobiliarias, vehículos, activos financieros y otros bienes que, según la acusación, fueron adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas.
Este componente busca, según la fiscalía, desarticular el beneficio económico del delito, evitando que la condena penal quede limitada a la privación de libertad sin recuperación del patrimonio público afectado.
El rol del delator y la pena diferenciada
En contraste, el Ministerio Público solicitó una condena reducida de cinco años de prisión para el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, al reconocer su rol como colaborador clave en el esclarecimiento del caso.
De acuerdo con la acusación, su cooperación permitió reconstruir el funcionamiento interno del entramado, identificar flujos financieros y fortalecer líneas de investigación que, de otro modo, habrían sido difíciles de probar.
Perspectiva
Con las conclusiones ya depositadas, el proceso entra ahora en su fase final de deliberación, quedando en manos del tribunal valorar el alcance de las pruebas, la proporcionalidad de las penas solicitadas y el peso jurídico de la cooperación del delator.
Más allá del fallo, el Caso Coral se consolida como uno de los juicios anticorrupción más relevantes de los últimos años, no solo por las condenas solicitadas, sino por el debate que plantea sobre responsabilidad penal, recuperación de activos y castigo ejemplar en casos de corrupción pública.
