Santo Domingo. — El presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno construirá 25 polideportivos y remodelará varios complejos deportivos en distintas provincias del país, utilizando RD$2,000 millones recuperados del acuerdo judicial con Maxy Montilla, quien admitió su responsabilidad en un caso de corrupción vinculado al sector eléctrico.
Fondos recuperados del caso Montilla
El mandatario explicó que estos recursos provienen de los RD$3,000 millones devueltos al Estado por Montilla y varias de sus empresas, tras un acuerdo homologado judicialmente. De ese monto, RD$2,000 millones serán destinados a obras deportivas, mientras que el resto se empleará en compensaciones a entidades estatales y en la recuperación de bienes inmuebles.
El acuerdo, validado por la Procuraduría General de la República (PGR), forma parte de una estrategia de recuperación de activos producto de actos de corrupción cometidos en administraciones anteriores. El caso involucra contrataciones fraudulentas con empresas del sector eléctrico, en las que Montilla —cuñado del expresidente Danilo Medina— reconoció haber tenido participación.
Abinader: “El dinero del pueblo regresa al pueblo”
Durante su declaración, Abinader subrayó que esta decisión representa “una victoria moral y económica para el país”, al demostrar que los recursos obtenidos ilícitamente pueden ser reinvertidos en proyectos que beneficien directamente a la población.
“El dinero del pueblo está regresando al pueblo. Estos RD$2,000 millones se transformarán en instalaciones deportivas para los jóvenes dominicanos, en espacios para el desarrollo y en oportunidades para miles de comunidades”, afirmó el presidente.
Los nuevos polideportivos estarán distribuidos estratégicamente en provincias con alta demanda de infraestructura deportiva, y se incluirán proyectos de remodelación en instalaciones existentes. Cada obra será supervisada por el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), asegurando transparencia en los procesos de licitación y ejecución.
Impacto económico y social
Además del impacto social en la juventud y el deporte, el plan se enmarca dentro de una visión más amplia de inversión pública con fondos recuperados, fortaleciendo la credibilidad del Estado en materia de rendición de cuentas y responsabilidad institucional.
Economistas consultados destacan que esta medida, además de su efecto simbólico, representa una inyección directa de recursos en la economía local, impulsando empleos en la construcción, proveedores de materiales y contratistas regionales.
La iniciativa también fortalece la imagen del gobierno ante organismos internacionales y agencias de cooperación, al mostrar avances concretos en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos públicos.
El acuerdo judicial
Según la Procuraduría, el acuerdo con Maxy Montilla incluyó la devolución de RD$3,000 millones, un inmueble valorado en varios cientos de millones y colaboración activa en las investigaciones judiciales. Los fondos fueron depositados en cuentas oficiales del Estado, desde donde se canalizarán hacia los proyectos deportivos y otras compensaciones estatales.
De acuerdo con fuentes judiciales, el proceso se llevó a cabo bajo supervisión del Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional, garantizando la legalidad del acuerdo y el cumplimiento de las condiciones establecidas.
Un precedente institucional
El caso Montilla marca un precedente dentro del sistema judicial dominicano, al combinar sanción, recuperación de activos y reinversión social, elementos que —según juristas— deberían replicarse en otros procesos de corrupción administrativa.
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