DIARIO FINANCIERO.- La madrugada del 8 de abril de 2025 comenzó como cualquier lunes en la discoteca más emblemática de Santo Domingo. Cientos de personas llenaban el Jet Set para escuchar a Rubby Pérez, la voz más alta del merengue dominicano. Nadie imaginó que aquella noche, el techo de ese edificio de más de 50 años se desplomaría sobre ellos.
El saldo final: 236 personas muertas y más de 100 heridas, muchas con lesiones permanentes. Es la mayor tragedia civil de la historia reciente de República Dominicana. Y un año después, las familias de las víctimas siguen sin encontrar en el sistema judicial el punto final que necesitan para comenzar a sanar.
«En otro país se hubiera encendido en candela. A pesar de todo, mantenemos el amor y el respeto. Que nadie confunda nuestra firmeza con odio.» —Wilman, hija de una víctima del Jet Set.
174 niños que se despertaron huérfanos
La cifra más devastadora de esta tragedia no está en el número de muertos. Está en los 174 niños, niñas y adolescentes que perdieron a uno o ambos padres esa noche. Son menores que se levantaron el 8 de abril de 2025 con una familia y se acostaron sin ella.
Muchos de esos niños pertenecen a hogares de clase media y trabajadora, donde el padre o la madre era el principal sustento económico. Con su muerte, el ingreso familiar desapareció de un día para otro. Las organizaciones civiles han documentado casos donde familias no pudieron costear el funeral, casos donde la madre viuda tuvo que enfrentar el desempleo mientras procesaba el duelo, y casos donde los niños fueron distribuidos entre familiares porque el hogar ya no era sostenible.
El Estado decretó duelo nacional y prometió fondos de emergencia. Sin embargo, un año después, múltiples familias denuncian que esa ayuda fue limitada, desigual y no cubrió los gastos médicos de largo plazo de los heridos que sobrevivieron con secuelas permanentes.
Familias que perdieron su sustento y no tienen respuestas
El Jet Set no era solo una discoteca. Era un lugar de trabajo para decenas de personas: camareros, personal de seguridad, técnicos y músicos. Seis empleados fallecieron esa noche. Otros sobrevivieron con traumas físicos y psicológicos que les impiden retornar a una vida laboral normal.
Para muchas familias, la pérdida económica se sumó inmediatamente a la pérdida humana. Hogares que dependían de un solo salario quedaron en el desamparo. Los familiares de las víctimas tuvieron que abrirse paso por la vía civil, presentando querellas individuales en un proceso que acumula más de 141 querellantes y un número similar de abogados, según datos al 6 de abril de 2026.
Más de 317 demandas civiles han sido presentadas contra los propietarios del local. Los bienes de los Espaillat fueron bloqueados preventivamente por la Procuraduría en abril de 2025, y la discoteca fue incautada en mayo. Sin embargo, convertir eso en dinero real para las familias sigue siendo un proceso incierto y prolongado.
«Lo único cierto es que el techo del Jet Set causó la muerte de más de 234 personas. Es la pesadilla más grande que este país ha pasado.» —abogada Ingrid Hidalgo, representante de la viuda de Octavio Dotel.
Un proceso judicial que se mueve en cámara lenta
Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set, fueron arrestados el 12 de junio de 2025, dos meses después de la tragedia. En pocos días quedaron en libertad condicional bajo el pago de una garantía económica de RD$50 millones, con impedimento de salida del país y presentación periódica ante la autoridad. La decisión de no imponer prisión preventiva generó una ola de indignación entre las familias, quienes la consideraron una señal de trato preferencial.
La audiencia preliminar fue aplazada repetidamente. Para el 6 de abril de 2026 —un año después de la tragedia—, el juez Raymundo Mejía ordenó el inicio formal de la vista tras dos aplazamientos, con una advertencia directa a las partes: “Si no comenzamos a avanzar, llegamos a agosto, noviembre o diciembre y vamos a estar dando la misma vuelta.”
Ese mismo día, el Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio. Pero el proceso incluye una nueva complicación: el tribunal autorizó a la defensa a realizar un contra peritaje técnico con cuatro ingenieros designados, con 30 días hábiles para entregar resultados. Las familias temen que esto se traduzca en más meses de espera.
Lo que dicen los peritajes
El informe pericial del Ministerio Público, elaborado por expertos nacionales e internacionales, concluye que el techo fue sobrecargado con equipos de climatización y tinacos de agua sin estudios técnicos previos, y que los propietarios ignoraron advertencias internas sobre el deterioro estructural. El propio Antonio Espaillat admitió públicamente que los plafones del techo “siempre” se caían y que nunca se examinó a fondo el estado real de la estructura.
El dolor que no prescribe
Un año después del derrumbe, las redes sociales se llenaron esta semana de fotos de las víctimas, recordadas por sus familiares con la misma pregunta que se repite desde aquella madrugada: ¿cuándo llegará la justicia?
Para las más de 200 familias afectadas, el tiempo no ha traído respuestas, sino más audiencias aplazadas, más recursos legales y más espera. Sus seres queridos murieron en un lugar que, según los peritajes del Estado, nunca debió abrir sus puertas aquella noche con ese techo en ese estado.
La herida está abierta. Y mientras el proceso judicial sigue en etapa preliminar, 174 niños dominicanos crecen sin uno de sus padres. Eso es lo que significa, en términos humanos, un año sin respuesta.
