Santo Domingo, – La International Budget Partnership (IBP), a través de la Encuesta Presupuesto Abierto 2023, sitúa a la República Dominicana en el primer lugar a nivel continental en el índice de participación social en el presupuesto y en el cuarto puesto a nivel mundial, sólo detrás de Corea del Sur, Nueva Zelanda y Reino Unido, entre 125 países evaluados.
En esta evaluación, el país ha obtenido una calificación histórica de 48 puntos, cuando la media mundial es de apenas 15 puntos, pasando de 22 a 48 puntos en solo dos años. A pesar de un contexto regional de retroceso en América Latina y el Caribe en cuanto al índice de transparencia presupuestaria, la República Dominicana revalida la calificación de 77 puntos. En dicho renglón, la media mundial es de apenas 45 puntos. En esta edición, RD se sitúa en la posición 12, entre 125 países y en el puesto 3 en la región, detrás de Brasil y México, y por encima de Canadá y Estados Unidos.
El reporte global disponible en el portal de IBP destaca los esfuerzos del país en evidenciar cómo se distribuye e impacta el presupuesto en diferentes grupos, como la niñez, la igualdad de género y las áreas geográficas. También se reconoce la vinculación del presupuesto con el Plan Nacional Plurianual 2021-2024 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en rastrear necesidades de grupos específicos y realizar inversiones estratégicas a largo plazo.
El mismo reporte destaca que “una lección importante que se puede extraer del caso de República Dominicana es el valor de presentar información durante varios años, lo que puede mostrar el efecto que los presupuestos tienen en las comunidades a lo largo del tiempo, mejorar la promoción y mantener a los países encaminados para cumplir los objetivos de desarrollo”.
Además, en términos de transparencia, seguimos garantizando la apertura al público de los ocho documentos estratégicos del ciclo presupuestario.
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El logro de la gestión presupuestaria dominicana ha sido reconocido por la directora ejecutiva de IBP, Ana Patricia Muñoz, señalando que “la República Dominicana ha logrado avances en cada ronda consecutiva de la encuesta y sus esfuerzos por ampliar la deliberación pública, en torno a proyectos de inversión, ayudan a crear un sentido compartido de aceptación de la agenda de desarrollo de una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina. Estos puntos positivos subrayan que una agenda presupuestaria abierta es realmente posible en cualquier lugar, siempre y cuando exista voluntad política y liderazgo para impulsar la reforma”.
Estos logros, evidenciados en el resultado de la Encuesta Presupuesto Abierto 2023, reflejan el interés de esta gestión en ofrecer verdaderas oportunidades de participación a la ciudadanía en el Presupuesto General del Estado. En el reporte de IBP, se destacan varias de las iniciativas estratégicas de la presente administración, como los Consejos de Desarrollo Territorial, Encuentros Ciudadanos y la herramienta de Registro Único de Demandas Ciudadanas Territoriales (RUDCT).
Destacan tres aspectos específicos: (1) la descentralización de la formulación presupuestaria, (2) la comunicación más significativa e interactiva y (3) el impacto tanto en la formulación como en la ejecución del presupuesto. En particular, se subraya el alto desempeño obtenido en el renglón participación social en la formulación, con 80 puntos. Este aspecto es especialmente relevante si se toma en cuenta que la participación de la ciudadanía en esta etapa del anteproyecto de presupuesto ha sido históricamente la de mayor opacidad.
Desde la Dirección General de Presupuesto, encabezada por José Rijo Presbot, se han llevado a cabo esfuerzos para fomentar la participación ciudadana, control social y transparencia. Entre ellos se cuentan el reporte semanal de la ejecución presupuestaria, los Encuentros Ciudadanos, el Presupuesto Ciudadano, y la publicación de informes e infografías en el portal institucional y redes sociales, además de una respuesta efectiva a través de los canales de acceso público a la información para garantizar el derecho a saber de la ciudadanía.
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