TD Bank enfrenta una multa de US$ 3.000 millones tras ser acusado de no supervisar adecuadamente las actividades de lavado de dinero relacionadas con cárteles de droga, según anunciaron los reguladores estadounidenses el jueves. La multa incluye una sanción de US$ 1.300 millones por parte de la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), lo cual marca un récord para una institución financiera. Además, el banco se ha comprometido a pagar US$ 1.800 millones al Departamento de Justicia (DOJ) y declararse culpable para zanjar la investigación.
Las autoridades del DOJ señalaron que TD Bank presentaba “deficiencias generalizadas y sistémicas a largo plazo” en sus procedimientos de control de transacciones. Entre enero de 2018 y abril de 2024, más del 90% de las transaccionesno fueron monitoreadas, lo que permitió a tres redes de lavado de dinero transferir colectivamente más de US$ 670 millones a través de cuentas del banco. En uno de los casos, empleados del banco recolectaron más de US$ 57.000 en tarjetas de regalo para facilitar más de US$ 470 millones en depósitos en efectivo de una red de lavado de dinero, incentivando así que los empleados no reportaran las transacciones sospechosas.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), otra agencia reguladora estadounidense, indicó que TD Bank procesó cientos de millones de dólares en transacciones altamente sospechosas sin tomar acciones adecuadas. Como resultado, la OCC también ha decidido restringir el crecimiento de TD Bank en el país, un movimiento que aunque extraordinario no es sin precedentes. En 2018, Wells Fargo enfrentó restricciones similares por abusos a consumidores, restricciones que aún permanecen vigentes.
Además de la multa, FinCEN ha impuesto un monitoreo de cuatro años sobre TD Bank para garantizar que cumpla con el acuerdo establecido y corrija sus fallas de supervisión. “La gran mayoría de las instituciones financieras se han asociado con FinCEN para proteger la integridad del sistema financiero de EE.UU. TD Bank hizo lo contrario”, afirmó Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, en un comunicado. Según el Tesoro, las deficiencias del banco proporcionaron un terreno fértil para que actividades ilícitas, como el tráfico de fentanilo, penetraran el sistema financiero.
La reacción de los mercados fue inmediata: las acciones de TD Bank que cotizan en EE.UU. cayeron un 6%, mientras los inversores se preparan para enfrentar mayores gastos legales y un crecimiento más restringido. “Creemos que el mercado se volvía cada vez más cómodo con la idea de que no habría restricciones de crecimiento impuestas a TD”, escribió John Aiken, analista de Jefferies, en una nota a sus clientes.
El caso ha reavivado las preocupaciones de los reguladores sobre la penetración de los cárteles mexicanos en el sistema bancario estadounidense para lavar las ganancias del tráfico de drogas. Según informó CNN, mensajeros vinculados a los cárteles abren cuentas en bancos tanto grandes como pequeños en EE.UU., y los reguladores han intensificado sus esfuerzos por identificar y neutralizar estas prácticas.
Las sanciones también han levantado críticas, incluida la de la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien señaló que “los grandes bancos tratan las multas del gobierno como el costo de hacer negocios”, cuestionando que no se tomaran medidas más drásticas contra los altos ejecutivos responsables.
Este no es el primer escándalo en el que TD Bank se ve envuelto. El año pasado, el banco acordó pagar US$ 1.200 millones para resolver una demanda relacionada con su participación en el esquema piramidal de US$ 7.000 millones de Allen Stanford, un financiero desacreditado hace más de una década.
La seriedad de las sanciones contra TD Bank subraya la creciente preocupación de las autoridades estadounidenses respecto a la utilización del sistema financiero del país para facilitar actividades ilícitas a gran escala. Este caso plantea preguntas no solo sobre la efectividad de los controles internos en los bancos, sino también sobre la capacidad de los reguladores para garantizar que las instituciones financieras operen con la transparencia y seguridad necesarias en un entorno cada vez más complejo y desafiante.
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