El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para siete detenidos, entre los cuales destacan el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario Jochy Gómez. Ambos son señalados como parte de una red de corrupción y crimen organizado, implicada en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios y contrabando.
La audiencia para conocer la medida de coerción está programada para este sábado a las 11 de la mañana, en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. La solicitud fue presentada la noche del viernes, tras las detenciones que forman parte de la denominada operación Camaleón, llevada a cabo el miércoles.
Los implicados enfrentan cargos adicionales, según el Ministerio Público, por comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, y robo de identidad. Estos delitos habrían sido cometidos a través del uso de alta tecnología, lo que ha intensificado las acusaciones contra los detenidos.
Uno de los principales hechos en la acusación es el contrato para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, el cual el Ministerio Público tilda de fraudulento. Además, se mencionó un contrato considerado ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, firmado en junio de 2020. Dicho contrato habría permitido a los imputados usurpar funciones de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado, lo que incluye el sabotaje a la red semafórica en agosto pasado.
Durante la operación Camaleón, que abarcó allanamientos en Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, se incautaron cientos de evidencias, que, según el Ministerio Público, corroboran las imputaciones. La institución calificó esta operación como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado.
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