La discusión sobre la reforma fiscal en República Dominicana debe iniciar con un análisis profundo de nuestra realidad: estructura, economía, población y tradiciones. Muchas veces, cometemos el error de importar modelos foráneos, bajo la premisa de que si funcionaron en otro país, aquí también lo harán. Sin embargo, una reforma fiscal exitosa requiere un enfoque detallado y adaptado a nuestras circunstancias específicas.
La pregunta fundamental es: ¿qué buscamos con la reforma fiscal? ¿Es simplemente una necesidad de aumentar la recaudación, o buscamos una transformación estructural del sistema tributario para que sea funcional, sostenible y accesible? Confundir estas metas puede llevarnos a soluciones inadecuadas.
La recaudación eficiente ha sido abordada recientemente por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) mediante adelantos de impuestos, alcanzando las metas de recaudación sin necesidad de reformas. Sin embargo, una reforma fiscal debe ir más allá de la recaudación, abarcando ingresos, gastos y financiamiento del gobierno, revisando su estructura completa.
Un aspecto que pudiera abordarse es la unificación administrativa y operativa entre la DGII y la Aduana, para eficientizar procesos de fiscalización y control. Actualmente, situaciones pueden darse situaciones en donde la Dirección General de Aduanas (DGA) está fiscalizando una empresa por evasión, mientras que esta opera sin ninguna traba la DGII, lo cual reflejan la falta de coordinación y eficiencia.
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Desde una perspectiva socioeconómica, es preocupante la concentración del empleo privado en unos pocos grupos empresariales y la alta informalidad en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Mientras en otros países las Mipymes tienen una participación significativa en el PIB y el empleo, en República Dominicana el 61.6% del empleo privado proviene de Mipymes, representando solo el 32% del PIB. La mitad de estas Mipymes operan en la informalidad, lo que señala un entorno desafiante para emprender, influenciado por una estructura tributaria y burocrática compleja.
El sistema tributario actual es un laberinto de leyes, normas y reglamentos que requiere conocimiento especializado para su cumplimiento. Ejemplos de retenciones impositivas varían ampliamente dependiendo del tipo de contratación, creando confusión y elevando los costos operativos de las empresas, que deben contratar asesoría especializada para evitar sanciones.
Una reforma fiscal debe simplificar el pago de impuestos y hacer que declarar y pagar sea accesible para todos. La última reforma fiscal de 2012 aumentó inicialmente la recaudación, pero luego decayó debido al incremento en la evasión de impuestos. Simplificar el sistema y unificar tasas impositivas podría ser más efectivo que modificar las existentes o introducir nuevas.
El gasto público debe ser eficiente y focalizado en áreas donde el sector privado no puede intervenir. La duplicidad de funciones en instituciones gubernamentales, como en el sector eléctrico, obras y aeronáutico, incrementa la burocracia sin añadir valor significativo. Una reforma fiscal integral debería racionalizar estas estructuras, eliminando redundancias y mejorando la eficiencia del gasto público.
La reforma fiscal debe ser abordada con seriedad, buscando ajustes y simplificaciones para todos los trámites. De lo contrario, seguiremos aplicando soluciones temporales a problemas estructurales profundos.
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