Ciudad de México – El 1 de junio, México celebró las primeras elecciones judiciales de su historia, convirtiéndose en el primer país del mundo donde todos los niveles del Poder Judicial son elegidos por voto popular. La jornada, marcada por su complejidad y controversia, representa un cambio estructural sin precedentes en el modelo democrático del país.
Esta transformación es parte de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió el proceso como un paso hacia la democratización de la justicia. “México es el país más democrático del mundo”, declaró Sheinbaum al cierre de la jornada.
En esta primera etapa se eligieron 881 cargos judiciales de los 2,681 contemplados en total, incluyendo:
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9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral
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15 magistrados de Salas Regionales
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5 integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial
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464 magistrados de circuito
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386 jueces de distrito
Una segunda elección complementaria está prevista para 2027 con el fin de completar el resto de las designaciones.
A pesar de la magnitud del proceso, la participación ciudadana fue del 13%, es decir, aproximadamente 13 millones de votantes de un padrón de casi 100 millones. Diversos factores explican la baja asistencia:
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La complejidad de la votación, que incluyó hasta seis papeletas federales y boletas estatales adicionales
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El desconocimiento generalizado de los candidatos, muchos de ellos sin trayectoria pública conocida
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El llamado a la abstención promovido por partidos de oposición, como el PAN, que buscaban deslegitimar el proceso
Las elecciones judiciales en México generaron críticas nacionales e internacionales. Se señalaron riesgos para el equilibrio de poderes y la independencia judicial. También se reportaron candidaturas polémicas, incluyendo exconvictos y antiguos defensores de narcotraficantes. Opositores advirtieron sobre la posibilidad de infiltración del crimen organizado en el sistema judicial.
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Desde el oficialismo, se defendió la elección como un mecanismo para combatir la corrupción, el clasismo y la impunidad, elementos que, según el Gobierno, afectaban históricamente al Poder Judicial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que el conteo final de votos concluirá el 15 de junio, mientras que las impugnaciones deberán resolverse antes del 28 de agosto de 2025. Los nuevos jueces electos asumirán funciones con el desafío de probar su legitimidad, independencia y capacidad para fortalecer la justicia en México.
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