Decenas de miles de personas marcharon este sábado por las calles de Budapest para exigir la dimisión del primer ministro Viktor Orbán, en medio de un escándalo de abuso infantil en instalaciones juveniles estatales que ha derivado en la mayor crisis política que enfrenta su gobierno en los últimos años.
La manifestación, liderada por el dirigente opositor Peter Magyar, avanzó desde el centro de Pest hasta las oficinas del primer ministro en la Colina del Castillo, en Buda. Los manifestantes portaban peluches, antorchas y pancartas con el lema “¡Protejan a los niños!”, en un gesto simbólico de protesta contra la gestión estatal de los centros de custodia juvenil.
Según periodistas de la AFP, al menos 50,000 personas participaron en la movilización, considerada el desafío político más serio al gobierno de Orbán en sus 15 años en el poder, a pocos meses de las elecciones parlamentarias previstas para abril. El partido TISZA, encabezado por Magyar, lidera actualmente las encuestas, superando al gobernante Fidesz.
Revelaciones que profundizan la crisis
La protesta se produjo un día después de que Magyar hiciera público un informe gubernamental de 2021, hasta ahora no divulgado, que documenta más de 3,300 casos sospechosos de abuso infantil en instalaciones estatales. El documento señala que más de una quinta parte de los niños bajo custodia estatal habría sido afectada.
De acuerdo con el análisis presentado por el líder opositor, más de 320 menores habrían sido víctimas de abuso sexual, mientras que 77 casos involucraron agresiones directas por parte de adultos. El gobierno reconoció que el informe fue remitido a las autoridades en 2022, aunque su contenido no fue divulgado públicamente en ese momento.
La indignación social se intensificó esta semana tras la difusión de imágenes de vigilancia que muestran al exdirector del centro juvenil de la calle Szőlő pateando a un menor en la cabeza. El video, publicado por el activista y exlegislador Peter Juhasz, derivó en la renuncia del director en funciones del centro.
Los fiscales informaron que siete personas fueron detenidas en el centro juvenil estatal de Budapest, aunque ninguna ha sido formalmente acusada hasta el momento. La investigación apunta a que dos oficiales de custodia agredieron físicamente a menores, golpeándolos con manijas de ventanas. Además, el exdirector del centro es investigado por presuntamente dirigir una red de prostitución, lavado de dinero y tráfico de personas.
Respuesta del gobierno
Ante la presión pública, el jefe de gabinete de Orbán, Gergely Gulyas, anunció que las cinco instituciones correccionales para menores del país quedarán bajo supervisión policial directa. “La gestión actual dentro del sistema de atención social no fue suficiente para prevenir estos crímenes”, reconoció.
Orbán, quien ha construido buena parte de su discurso político en torno a la defensa de los valores familiares tradicionales, calificó los hechos como “inaceptables y criminales” en una entrevista con Mandiner. El escándalo revive además el recuerdo de la dimisión en 2024 de la presidenta Katalin Novák, tras revelarse que indultó a un cómplice condenado por abuso sexual infantil, episodio que impulsó el ascenso político de Peter Magyar.
“Deberíamos estar indignados por lo que se está haciendo con los niños más vulnerables”, afirmó Zsuzsa Szalay, pensionista de 73 años, durante la protesta. Por su parte, David Kozak, de 16 años, sostuvo que “en un país normal, un gobierno caería por un caso así. Aquí el problema no fue el abuso, sino que se hiciera público”.
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