Estados Unidos.- El gobierno de Estados Unidos admitió formalmente su responsabilidad en la colisión en pleno vuelo entre un helicóptero militar y un avión comercial ocurrida a las afueras de Washington, un accidente que dejó 67 personas fallecidas a inicios de este año.
La admisión consta en un documento judicial de 209 páginas presentado por el Departamento de Justicia, como parte de una demanda civil interpuesta por familiares de una de las víctimas contra el Estado estadounidense y las aerolíneas comerciales que operaban la aeronave.
“Estados Unidos admite que tenía un deber de cuidado hacia los demandantes, el cual incumplió, causando de manera directa el trágico accidente”, señala el documento citado por la AFP, un reconocimiento inusual en este tipo de litigios.
El accidente ocurrió el 29 de enero, cuando un avión de American Eagle procedente de Wichita, Kansas, se aproximaba a la pista del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. En ese momento, un helicóptero militar Black Hawk, operado por el Ejército de Estados Unidos, impactó la aeronave comercial, provocando que ambos aparatos cayeran al río Potomac.
El siniestro se convirtió en el accidente más mortífero de la aviación comercial estadounidense en décadas, y llevó a la implementación inmediata de protocolos de seguridad aérea más estrictos en el espacio aéreo cercano al aeropuerto Reagan, uno de los más congestionados del país.
En los documentos presentados ante el tribunal, el gobierno reconoció que los riesgos de una colisión en pleno vuelo “no pueden reducirse a cero” en ese espacio aéreo, pero admitió fallas operativas específicas que contribuyeron directamente al desastre.
Entre ellas, el Estado reconoció el incumplimiento de los pilotos del Black Hawk de mantener vigilancia visual adecuada para detectar y evitar otras aeronaves, señalando que dicha omisión fue “una causa fáctica y directa del accidente”.
La presentación judicial también apuntó a actuaciones indebidas de un controlador aéreo, indicando que no se cumplieron las regulaciones federales vigentes, un elemento que amplía la responsabilidad más allá del ámbito militar.
A comienzos de este año, una investigación preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB)ya había advertido sobre instrumentos defectuosos y problemas de comunicación como posibles factores contribuyentes al accidente.
La investigación completa de la NTSB continúa en curso y podría tardar hasta un año en concluir. El informe final aún está pendiente, pero la admisión de responsabilidad por parte del gobierno marca un precedente relevante en términos legales, institucionales y de seguridad aérea.
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