El laboratorio AstraZeneca ha admitido que su vacuna contra el COVID-19 podría estar asociada a un “efecto secundario raro”, según se desprende de los documentos presentados ante la Justicia de Gran Bretaña. Esta revelación surge en medio de varias demandas presentadas por personas afectadas por efectos adversos durante la pandemia del 2020, lo que ha suscitado un intenso debate público y legal.
Según reportes del medio británico The Telegraph, las compensaciones para los demandantes podrían ascender a hasta 125 millones de dólares. Estas demandas han sido impulsadas por afectados que sufrieron reacciones graves tras la inoculación, como el síndrome de trombosis con trombocitopenia, un efecto adverso que el laboratorio ya había identificado como posible, aunque extremadamente raro, en un estudio publicado en 2021.
Georg Wendt/dpa
A pesar de la admisión en los tribunales, AstraZeneca ha mantenido una postura cautelosa en público, negando cualquier “giro” en sus declaraciones y enfatizando la necesidad de investigaciones más profundas sobre los mecanismos causales de estos efectos adversos.
Un caso destacado en la investigación judicial es el de Jamie Scott, quien sufrió una lesión cerebral irreversible, con desarrollo de un coágulo de sangre y una hemorragia cerebral, tras recibir la vacuna en abril de 2021. El caso ha atraído atención particular debido al impacto devastador en su familia, incluyendo a su esposa y dos hijos. A pesar de las negativas de AstraZeneca sobre la influencia directa de la vacuna en el caso de Scott, el documento legal de la defensa admite la posibilidad de la patología en “casos muy raros”.
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Esta situación ha colocado a AstraZeneca en el centro de un dilema ético y legal significativo, mientras las familias afectadas y la opinión pública buscan respuestas claras y justicia para los afectados.
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