El Ministerio Público de la República Dominicana ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la controvertida decisión de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que absolvió al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, los últimos dos acusados en el famoso expediente de corrupción Odebrecht. Este caso, que ha acaparado la atención tanto a nivel nacional como internacional, sigue generando debates sobre la justicia y la impunidad en casos de alto perfil.
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Wilson Camacho, procurador anticorrupción, fue el encargado de presentar la apelación, solicitando la anulación de la sentencia dictada el pasado 31 de julio. Esta sentencia fue emitida por los jueces Francisco Antonio Jerez, Nancy Salcedo, Fran Soto y María Garabito, quienes decidieron absolver a los acusados, alegando falta de pruebas claras y contundentes que demostraran su culpabilidad.
La resolución de la Suprema Corte revocó las condenas previamente impuestas a Rondón y Díaz Rúa, quienes habían sido sentenciados a ocho y cinco años de prisión, respectivamente, por su participación en un esquema de sobornos que involucraba a la empresa brasileña Odebrecht. En adición a las penas de prisión, se había ordenado el decomiso de bienes y el pago de multas por delitos relacionados con soborno internacional y lavado de activos.
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El Caso Odebrecht: Un Escándalo de Proporciones Globales
El escándalo de Odebrecht, una de las mayores tramas de corrupción en América Latina, implicó el pago de sobornos millonarios para asegurar contratos de obras públicas en múltiples países, incluyendo la República Dominicana. Según las declaraciones de la propia Odebrecht, la compañía admitió haber desembolsado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos con el fin de garantizar la adjudicación de proyectos gubernamentales.
El expediente inicial incluyó a varios exfuncionarios, políticos y empresarios de renombre, entre ellos Rondón y Díaz Rúa, quienes fueron señalados como figuras clave en el entramado de corrupción. Sin embargo, en octubre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional absolvió a otros implicados, entre ellos Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón y Juan Roberto Rodríguez Hernández, por falta de pruebas concluyentes.
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A pesar de estas absoluciones, Rondón y Díaz Rúa fueron los únicos condenados en ese momento, lo que generó esperanzas en la sociedad de que se impartiría justicia en este sonado caso. Las condenas previas, que incluían penas de prisión, multas y la confiscación de bienes, parecían haber marcado un hito en la lucha contra la corrupción en el país.
La Absolución: Un Revés para la Justicia Anticorrupción
La decisión de los magistrados Francisco Antonio Jerez Mena, Frank Euclides Soto Sánchez, Nancy Idelsa Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, en agosto de este año, fue recibida con escepticismo y preocupación por parte de amplios sectores de la sociedad dominicana. Los jueces argumentaron que no había pruebas suficientes que justificaran las condenas y ordenaron la devolución de los bienes que habían sido incautados a los acusados.
Esta resolución ha sido vista por muchos como un duro golpe a la lucha contra la corrupción en el país, un tema sensible que ha marcado la agenda política en los últimos años. La apelación presentada por el Ministerio Público busca precisamente anular esta sentencia y reafirmar las condenas impuestas en primera instancia.
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El procurador anticorrupción, Wilson Camacho, ha insistido en que existen elementos suficientes para demostrar la culpabilidad de los acusados, y que el proceso judicial debe avanzar hacia una verdadera impartición de justicia. “La lucha contra la corrupción no puede verse comprometida por decisiones que socaven el estado de derecho y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial”.
El Futuro del Caso Odebrecht
El Tribunal Constitucional ahora deberá decidir si anula o no la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia. De ser anulada, Rondón y Díaz Rúa podrían enfrentar nuevamente el peso de la ley, en lo que sería uno de los mayores reveses para los imputados en el caso Odebrecht.
A medida que este caso avanza, las expectativas sobre el rol del sistema judicial dominicano en la lucha contra la corrupción continúan creciendo. La sociedad sigue demandando justicia y transparencia en un país donde los escándalos de corrupción han minado la confianza pública en las instituciones.
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