El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha lanzado una propuesta que califica como «radical», destinada a dividir el negocio de Google y romper su presunto monopolio. La medida, que busca separar la gestión del sistema operativo Android, el navegador Chrome y la tienda de aplicaciones Google Play, ha generado reacciones tanto en el sector tecnológico como en el ámbito regulador. Google controla actualmente el 90 % del mercado de búsquedas en internet, una posición que ha despertado la preocupación de las autoridades estadounidenses.
En un comunicado publicado en la web de la compañía, Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Asuntos Reguladores de Google, expresó que la empresa está preparando su respuesta ante la propuesta del gobierno, aunque señaló que esta iniciativa «va más allá de los asuntos legales específicos» que se habían planteado inicialmente. La directiva advirtió que la ruptura de Google afectaría negativamente a los consumidores, reduciría el valor de los anuncios en internet, amenazaría la privacidad de los usuarios y aumentaría los costos de los dispositivos móviles.
La propuesta del Departamento de Justicia, presentada oficialmente en un documento judicial el pasado martes, acusa a Google de utilizar sus plataformas Chrome, Play y Android para mantener una ventaja desleal sobre sus competidores. Esto incluiría prácticas que favorecen las búsquedas de Google y sus productos relacionados, como la inteligencia artificial, en detrimento de otros actores del mercado.
El objetivo de la división, según el Departamento de Justicia, es prevenir que Google mantenga su posición monopolística y fomentar una mayor competencia en el mercado tecnológico. Este tipo de intervenciones no se veían en Estados Unidos desde que en 1982 el Gobierno ordenara la separación de Bell System, la empresa que dominaba el sistema de telecomunicaciones a través de AT&T. Esa decisión resultó en la creación de siete nuevas compañías y un aumento de la competitividad en el sector, lo que derivó en una reducción de los costos de las llamadas de larga distancia, aunque también implicó un alza en el precio de las llamadas locales.
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Mulholland destacó que, si bien el caso judicial de agosto pasado se centra en los contratos que Google estableció para posicionar su buscador como el predeterminado, la nueva postura del Gobierno estadounidense parece responder a una agenda más amplia. Según la ejecutiva, esta agenda podría tener «consecuencias imprevistas para consumidores, empresas y la competitividad de Estados Unidos», afectando diversos sectores tecnológicos y productos.
La iniciativa del Departamento de Justicia surge luego de que en agosto de este año un tribunal federal determinara que Google había violado las leyes antimonopolísticas del país. La empresa gastó miles de millones de dólares en acuerdos para asegurar que su motor de búsqueda fuese el predeterminado en diferentes dispositivos y sistemas operativos. Ahora, las autoridades buscan ir un paso más allá, cuestionando la estructura misma del gigante tecnológico.
La posibilidad de una división de Google no solo afectaría a la empresa, sino que también tendría repercusiones en el mercado de la publicidad en internet y en la forma en que los consumidores interactúan con los productos digitales. Una separación de sus negocios podría alterar la dinámica del mercado, permitiendo a otros actores competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, queda por ver si esta medida beneficiará realmente a los consumidores o si, como advierte Google, podría terminar encareciendo ciertos productos y servicios.
El debate sobre el alcance de las prácticas de las grandes tecnológicas sigue siendo un tema central en la agenda de regulación en Estados Unidos y a nivel global. La decisión que se tome en este caso podría sentar un precedente para futuras intervenciones en otras grandes corporaciones tecnológicas, redefiniendo el equilibrio entre innovación, competencia y regulación en el mercado digital.
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