DIARIO FINANCIERO.- En la República Dominicana, el debate tributario suele centrarse en tasas, incentivos y presión fiscal. Sin embargo, existe un elemento menos visible —pero igual o más determinante— que incide directamente en la competitividad, la inversión y la formalización: la incertidumbre en la aplicación de las normas tributarias.
El Código Tributario dominicano y sus reglamentos otorgan a la Administración Tributaria —a través de la DGII— amplias facultades normativas, interpretativas y reglamentarias. En teoría, esto permite adaptar el sistema a la dinámica económica. En la práctica, sin embargo, esta flexibilidad ha derivado en un problema estructural: la falta de criterios claros, homogéneos y públicamente accesibles para los contribuyentes.
La discrecionalidad como regla no escrita
Uno de los principales desafíos que enfrentan empresas y personas físicas es la ausencia de lineamientos precisos sobre la deducibilidad de gastos. Aunque la normativa establece principios generales —como el criterio de que los gastos deben ser necesarios para “conservar, mantener y generar renta”— su aplicación concreta queda, en muchos casos, sujeta al criterio del auditor o analista de turno.
Esto genera una situación preocupante: dos contribuyentes en circunstancias similares pueden recibir tratamientos distintos. Peor aún, una misma consulta técnica puede tener respuestas divergentes en el tiempo, lo que debilita la confianza en el sistema y complica la planificación fiscal.
Casos cotidianos, vacíos normativos
Los ejemplos son numerosos y no marginales:
- Gastos en el exterior: Mientras que los consumos en restaurantes locales pueden ser deducibles si cumplen con requisitos formales (identificación del beneficiario, motivo de la reunión, NCF), no existe una regulación clara para gastos similares realizados fuera del país. ¿Bajo qué condiciones son aceptables? La respuesta no está en la ley, sino en interpretaciones dispersas.
- Servicios profesionales desde el hogar: Un contribuyente que trabaja desde casa incurre en gastos de electricidad indispensables para su actividad económica. Sin embargo, si ese gasto no está respaldado por un comprobante fiscal a su nombre, su deducibilidad queda en entredicho, pese a que el principio económico lo justificaría.
- Gastos compartidos o indirectos: En una economía donde muchos contribuyentes operan en esquemas familiares o informales, la falta de mecanismos claros para documentar y justificar estos gastos genera fricciones innecesarias. Esto, a pesar de que el artículo 15 del reglamento 139-98 sobre el Impuesto Sobre la Renta establece que se consideran gastos necesrios aquellos que sean propios o relacionados con la actividad, y que, de no existir comprobante fehaciente, que mantenga relación razonable con el volumen de operaciones del negocio.
- Discresionalidad en la aplicació de las Normas Generales, un ejemplo es la incertidumbre en la aplicación de de la NG 07-07, en donde mediante consultas técnicas ,la DGII ha venido acotando la implementación sin dejar un marco normativo claro de la amplitud de bienes y/o servicios que pueden facturar a través de esta Norma, dejando todo a interpretación final del auditor de la DGII, y de aquellos contribuyentes audaces que sacan consultas técnicas vinculantes que puedan contradecier al funcionario de la administración tributaria.
Estos vacíos no son meramente técnicos; tienen implicaciones reales en la carga tributaria efectiva, en la percepción de riesgo y en la disposición a formalizarse.
MÁS DEL AUTOR: La Contribución por Residuos Sólidos: Sostenibilidad Ambiental a Costa de la Sostenibilidad Empresarial
Transparencia sin sistematización
Es cierto que la DGII ha avanzado en transparencia, especialmente mediante la publicación de consultas técnicas. Sin embargo, este esfuerzo, aunque valioso, es insuficiente por dos razones fundamentales:
- Acceso desigual: No todos los contribuyentes tienen la capacidad técnica o los recursos para formular consultas especializadas.
- Falta de sistematización: Las respuestas no siempre se consolidan en criterios vinculantes o guías oficiales, lo que limita su utilidad como referencia general.
En consecuencia, el conocimiento tributario se fragmenta: quienes pueden acceder a asesoría especializada operan con mayor certeza, mientras que el resto navega en la ambigüedad.
El costo económico de la incertidumbre
La falta de claridad normativa no es un problema abstracto. Tiene efectos concretos:
- Aumenta el costo de cumplimiento, al requerir asesoría constante y estrategias conservadoras.
- Desincentiva la inversión, al introducir riesgos difíciles de cuantificar.
- Fomenta la informalidad, al percibirse el sistema como impredecible.
- Debilita la seguridad jurídica, pilar fundamental de cualquier economía moderna.
En otras palabras, la incertidumbre fiscal actúa como un “impuesto invisible” que reduce la eficiencia del sistema sin aumentar la recaudación.
Un llamado a la institucionalización del criterio
La solución no necesariamente pasa por más leyes, sino por mejores interpretaciones institucionalizadas. La DGII tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de avanzar hacia un modelo más predecible mediante:
- Publicación de guías técnicas vinculantes sobre temas recurrentes (deducibilidad de gastos, operaciones internacionales, gastos compartidos, entre otros).
- Derogación de consultas técnicas contrarias de manera que se pueda homologar el criterio de la administración para un mismo trato.
- Unificación de criterios internos, asegurando consistencia en las decisiones administrativas. Esto debe venir acompaño de determinar claramente los índices o criterios tomados por la adminsitración para valorar las operaciones de los contribuyentes, por ejemplo: ¿cuál es ela proporcionalidad de gastos menores aceptables? ¿qué monto de gastos variables dentro de un proyecto de construcción se considera dentro de los parámetros?, entre otros.
Hacia un sistema más confiable
Un sistema tributario eficiente no es solo aquel que recauda, sino aquel que genera confianza. La certeza jurídica permite a los contribuyentes tomar decisiones informadas, planificar a largo plazo y cumplir voluntariamente con sus obligaciones.
La DGII enfrenta un nuevo reto de tecnificación para poder afrontar los desafíos que tiene el país, y la institución, en donde cada vez se requieren más servicios públicos de calidad, con contribuyentes con acceso inmediato a información diversa a través de plataformas e Inteligencia Artificial, que no siempre otorgan la información correcta, y la institución no debería dejar en manos de estas herramientas los procesos y ámbitos tributarios.
La claridad no debilita a la administración tributaria; la fortalece. Y, sobre todo, fortalece la relación entre el Estado y el contribuyente, que es, en última instancia, el verdadero motor de cualquier sistema fiscal sostenible. Otorgar reglas claras en el mundo tributario permitirá que los contribuyentes entiendan correctamente cómo es el sistema, y no lo vean tan complejo que, en lugar de motivar la formalización, la desincentiven.
