Santo Domingo. — La ejecución del gasto público en República Dominicana muestra importantes diferencias entre instituciones, a pesar de haber transcurrido el primer trimestre del año.
De acuerdo con los datos disponibles al 27 de marzo de 2026, el Gobierno ha ejecutado entre 9.66% y 45.80% del presupuesto aprobado, evidenciando un ritmo desigual en la utilización de los recursos públicos.
En términos absolutos, el Ministerio de Educación (MINERD) lidera el gasto con RD$106,095,670,026.34, equivalente a 31.95% de su presupuesto, seguido por Salud Pública con RD$60,729,226,504.45 (33.61%).
También destacan Interior y Policía con 33.36%, Defensa con 33.89% y Medio Ambiente con 33.98%, lo que refleja un nivel de ejecución relativamente alineado con el calendario fiscal.
Sin embargo, el foco del análisis está en las instituciones con menor dinamismo en el gasto.
El caso más crítico es Energía y Minas, que apenas ha ejecutado 9.66% de su presupuesto, equivalente a RD$1,023,561,109.03, lo que sugiere retrasos en proyectos estratégicos del sector energético.
Le sigue el Ministerio de Turismo, con solo 11.88% de ejecución (RD$1,305,511,908.77), en un contexto donde el sector representa uno de los principales motores económicos del país.
El Ministerio de Vivienda (MIVED) también presenta una ejecución baja de 18.39%, equivalente a RD$4,635,421,584.42, lo que podría impactar el ritmo de construcción de obras habitacionales e infraestructura.
Agricultura registra 21.83%, Industria y Comercio 23.82%, y la Presidencia 24.64%, niveles que, aunque superiores a los anteriores, siguen por debajo de lo esperado para el cierre del primer trimestre.
En contraste, las instituciones con mayor ejecución relativa son el Ministerio de Deportes (45.80%) y la Procuraduría General de la República (44.13%), seguidos por Justicia con 33.70%.
Estos datos reflejan una realidad recurrente en la gestión fiscal: no basta con aprobar el presupuesto, sino ejecutarlo de manera eficiente y oportuna.
El comportamiento actual sugiere que existen cuellos de botella administrativos, retrasos en procesos de contratación o debilidad en la planificación de proyectos, especialmente en sectores estratégicos.
La pregunta se enmarca en saber si la baja ejecución de algunas instituciones es por qué se presupuesto un dinero que no se iba a necesitar o por qué la nueva ley de compras ha limitado la capacidad de ejecución de las instituciones.
