En medio de una creciente preocupación por la seguridad ciudadana en la República Dominicana, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha anunciado un descenso en la tasa de homicidios del país. Según sus declaraciones, el índice actual se sitúa en un 7.3% por cada cien mil habitantes. Este logro, en apariencia significativo, ha sido atribuido a la implementación de la “Operación Garantía de Paz”, que según la funcionaria, ha tenido un impacto positivo en tan solo dos semanas.
Sin embargo, este anuncio no está exento de controversias. Mientras el gobierno celebra el descenso en los homicidios, sectores más críticos cuestionan la sostenibilidad de estas reducciones y si realmente pueden ser atribuidas a un plan que aún no ha tenido tiempo de mostrar resultados profundos y a largo plazo.
Estrategias inmediatas: ¿Resultado real?
Raful ha sido enfática al destacar que el descenso en la criminalidad se ha concentrado en 15 provincias clave, entre las que figuran Santiago de Los Caballeros, Distrito Nacional, Bonao y Puerto Plata. Estas zonas han sido determinadas como prioritarias por un “mapa de calor”, una herramienta que identifica las áreas con mayor incidencia de delitos.
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No obstante, algunos expertos en seguridad han señalado que los descensos en las tasas de criminalidad no siempre reflejan mejoras estructurales en la seguridad, sino que pueden ser el resultado de una mayor vigilancia temporal o incluso de la subreportación de casos.
La pregunta de fondo es si esta “Operación Garantía de Paz” realmente está abordando las raíces de la inseguridad o si simplemente se están implementando medidas paliativas y temporales.
Operativos en el Distrito Nacional: Mano dura contra la violación de leyes
Dentro del marco de esta operación, la ministra también subrayó los esfuerzos del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), que ha clausurado más de 40 establecimientos por violar las leyes de contaminación sonora y venta de alcohol en zonas no permitidas. Entre los locales afectados se encuentran negocios en el Distrito Nacional, como Liquor Store 30-30 y La Terraza en Piantini, y en Santo Domingo Este, donde se cerraron centros como el Super Colmado Vaneza y la Discoteca 911.
Estas acciones, aunque necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley, levantan interrogantes sobre si las fuerzas del orden están siendo utilizadas de manera adecuada para combatir los delitos que realmente afectan la paz social o si se está priorizando la persecución de infracciones menores para inflar resultados.
Propuestas para la seguridad: entre la retórica y la acción
En su intervención, Raful aseguró que el Ministerio de Interior y Policía, junto con otras instituciones como las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil y el Ministerio de Educación, están trabajando en campañas orientadas a concienciar a la población sobre la importancia de la seguridad y la reducción de la delincuencia.
Pero, ¿cuán efectivas son estas campañas? El pueblo dominicano está acostumbrado a escuchar promesas sobre la mejora de la seguridad que no siempre se traducen en resultados tangibles. Las mesas de seguridad y las alianzas con las iglesias y otras entidades parecen ser esfuerzos bien intencionados, pero el éxito de estas medidas dependerá de su implementación efectiva y, sobre todo, de su continuidad más allá de los ciclos políticos.
¿Política pública o plan de comunicación?
Al concluir su intervención, Raful mencionó la necesidad de reformular las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana. No obstante, críticos señalan que estas palabras suenan vacías sin un compromiso real y sostenido. Las políticas públicas, cuando son bien estructuradas y ejecutadas, son la clave para resolver los problemas de fondo, pero también requieren transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, resultados palpables que vayan más allá de los discursos.
Es fundamental que, más allá de operativos puntuales, el gobierno presente un plan integral que aborde los problemas de inseguridad desde sus raíces: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables. Sin estas medidas, cualquier reducción en la tasa de homicidios será temporal y superficial.
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