En un reciente comunicado, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana anunció una actualización que impacta directamente en el registro de contribuyentes de las sociedades y entidades del país. Este cambio, respaldado por la modificación de la Ley del Código Tributario, busca establecer nuevas responsabilidades fiscales dentro de las empresas, exigiendo que designen formalmente a una persona física que asuma el rol de responsable ante la administración tributaria.
La normativa establece que cada sociedad deberá identificar y notificar a la DGII quién será la persona que, en adelante, se encargará de responder por las obligaciones fiscales de la empresa. Este proceso incluye la entrega de una copia del acta de asamblea o documento aplicable, que deberá estar registrado en la Cámara de Comercio y Producción o en el órgano regulador correspondiente, donde se explicite la aceptación formal de esta responsabilidad. La persona designada debe tener un vínculo directo con la administración y el control del negocio, lo cual significa que no podrá ser alguien externo a las operaciones de la empresa.
Esta medida tiene como objetivo mejorar la transparencia y la responsabilidad en las operaciones fiscales de las empresas, asegurando que las entidades tributarias tengan un punto de contacto directo y responsable. Además, la normativa enfatiza que, en caso de no cumplirse con este procedimiento, la DGII asignará de oficio la responsabilidad fiscal a la persona que figure como gerente administrador en los registros de la empresa.
Implicaciones para las empresas
El cambio representa un ajuste significativo en el esquema administrativo de las empresas en República Dominicana, ya que establece una obligación explícita para el cumplimiento de los compromisos fiscales. Todas las sociedades, sin excepción, deberán revisar sus registros y actualizar la información de su responsable ante la DGII, un proceso que involucra tiempo y recursos administrativos.
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Además, al tratarse de una disposición vinculante, la falta de cumplimiento podría implicar sanciones o asignaciones automáticas. Al designar de oficio al gerente administrador, la DGII se asegura de que haya un vínculo de responsabilidad clara entre la entidad y el ente recaudador, eliminando posibles excusas de desconocimiento o falta de acceso a la información fiscal.
¿Qué deben hacer las empresas?
Para cumplir con esta normativa, las empresas deberán seguir los pasos establecidos por la DGII:
- Designación oficial de la persona responsable: Deberán convocar una asamblea para designar a una persona física como responsable de la administración tributaria y formalizar la decisión mediante un acta.
- Registro de la designación: Una vez designada, esta persona debe ser inscrita en los registros pertinentes, sea en la Cámara de Comercio y Producción u otro órgano regulador aplicable, garantizando así que la información esté disponible para la DGII.
- Notificación a la DGII: Tras cumplir con los pasos anteriores, la empresa deberá presentar los documentos de respaldo a la DGII para formalizar el cambio.
Este proceso, que puede parecer simple, conlleva un nivel de revisión administrativa y de control, dado que la persona designada deberá estar preparada para responder ante las obligaciones tributarias de la empresa.
Consecuencias y proyecciones
Con esta actualización, la DGII busca fortalecer el control y supervisión fiscal de las empresas en el país, garantizando que haya una persona claramente responsable de las transacciones y el cumplimiento tributario de cada entidad. Al asignar esta responsabilidad de manera formal, se espera que las empresas adopten un enfoque más riguroso y estructurado en sus procesos fiscales, evitando inconsistencias y aumentando la transparencia en sus operaciones.
La medida también es un recordatorio de la importancia de mantener actualizada la información administrativa y fiscal de las empresas, un aspecto clave para evitar sanciones o complicaciones legales. En resumen, las nuevas disposiciones de la DGII subrayan la necesidad de una gestión fiscal ordenada y transparente, promoviendo la formalidad en las operaciones empresariales dentro del marco regulador dominicano.
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