Debemos estar claros, dudar del sector financiero dominicano sería terquedad. Durante años, el sistema financiero dominicano ha sido presentado, con razones de sobra, como uno de los más sólidos de la región. Capitalizado, rentable y bien regulado. Sin embargo, la lógica del negocio bancario apoyado en el contexto macroeconómico de los últimos años y la previsibilidad que concede el Estado en sus emisiones ha venido consolidando una creciente concentración de la inversión directa de los bancos en instrumentos del sector público. No hablamos de la cartera de crédito, sino de las inversiones financieras que los bancos mantienen en su balance, principalmente bonos del Ministerio de Hacienda y títulos del Banco Central, y que hoy representan la mayor parte de ese portafolio, 93.85% al mes de noviembre 2025, según datos de la Superintendencia de Bancos.
El punto importante aquí es que el fenómeno no es neutral, ya que tiene implicaciones directas sobre el financiamiento al sector privado, la profundidad del mercado de capitales y el propio diseño de la política fiscal. Y, aunque no constituye una crisis en sí misma, sí plantea un riesgo de desplazamiento (crowding out) de la economía real (productiva) por el Estado.
Los bancos tienen dos grandes formas de usar los recursos que captan: prestar (cartera de crédito) o invertir (adquirir instrumentos financieros). Cuando el Estado emite bonos con tasas atractivas y riesgo prácticamente nulo, esos instrumentos compiten directamente con la inversión privada. Para un banco, comprar un bono público puede ser más rentable, más líquido y menos costoso en términos regulatorios que financiar una empresa. Lo destacable aquí es que una parte creciente del ahorro interno termina financiando al fisco en lugar de a la producción, la innovación o el empleo.
Qué muestran los datos de la inversión bancaria
Como ya se ha destacado, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Bancos (SB) a noviembre 2025, el 93.85% de la inversión directa del sistema bancario dominicano está colocada en instrumentos del sector público, en bonos del Ministerio de Hacienda, letras y notas del Banco Central y otros valores emitidos o garantizados por el Estado.
La participación de instrumentos privados (bonos corporativos, papeles comerciales u otros valores) es marginal, con solo el 6.15% del total. En términos prácticos, la cartera de inversiones de los bancos se ha convertido en una extensión del financiamiento público.
Esta ha sido la tendencia en más de una década, coincidiendo así con la necesidad de recursos del Estado como consecuencia de la fiscalidad deficitaria de ese periodo; punto que ya ha sido abordado por quien escribe en artículos previos.
Diferencias notables
La cartera de crédito está claramente inclinada hacia el sector privado, ya que, a noviembre 2025, dicho sector con un monto de RD$ 2,349,337.00 representó el 98.5% del total de la cartera, mientras que la parte pública con RD$ 35,642.00 solo el 1.5%. Claramente una composición contraria a la de inversión.
Esto, simplemente nos muestra que la dinámica banca-sector público descansa más en las emisiones estatales y las adquisiciones de estas por la banca. Este desplazamiento no implica una contracción inmediata del crédito, sino una reasignación relativa del ahorro financiero hacia el financiamiento público.
¿Por qué los bancos hacen esto? No se trata de una falla moral ni de un comportamiento especulativo, sino de una respuesta racional a los incentivos existentes en el sistema financiero.
Desde la perspectiva de cada entidad, la asignación de una parte significativa de sus recursos hacia instrumentos del sector público obedece, en primer lugar, a criterios de rentabilidad ajustada por riesgo. Los títulos soberanos suelen ofrecer retornos atractivos con un nivel de riesgo percibido bajo, especialmente en contextos donde el Estado mantiene acceso estable al mercado doméstico.
A esto se suma un tratamiento regulatorio favorable, ya que estos instrumentos suelen tener una menor ponderación de riesgo y, por tanto, consumen menos capital regulatorio que el crédito al sector privado. Para un banco, esto implica una forma eficiente de cumplir con los requerimientos prudenciales sin sacrificar rentabilidad.
Otro elemento clave es la liquidez. Los instrumentos públicos son fáciles de negociar en el mercado secundario y pueden utilizarse como colateral en operaciones de corto plazo, lo que les confiere una flexibilidad operativa que otros activos no siempre ofrecen.
Finalmente, la demanda persistente de financiamiento por parte del Estado, producto de déficits fiscales recurrentes, garantiza un flujo constante de emisiones. Esto ofrece a la banca una colocación continua, predecible y de bajo costo de análisis para sus excedentes financieros.
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Desde la lógica individual de cada banco, la decisión es técnicamente favorable. El problema surge cuando todos los bancos responden de la misma manera y el sistema, en su conjunto, termina desplazando recursos que podrían haberse canalizado hacia el sector productivo.
Del déficit fiscal al crowding out
Es claro que el gobierno ha tenido problemas de déficit fiscal de manera persistente, por tal razón, existe la necesidad constante de recursos, teniendo que recurrir a las emisiones de deuda mediante diversos instrumentos en el mercado interno, y así poder financiarse año tras año. Para el año 2026, el déficit proyectado según estimaciones del Fondo Monetario es de 3.2% del PIB, lo que remarca la tendencia de los últimos años y exhibe el problema estructural, que mantiene el mismo entorno al 3%.
Lo que hemos visto hasta este momento se puede representar de la siguiente manera:
Este encadenamiento explica por qué el crowding out en República Dominicana no es un fenómeno de momento ni una decisión discrecional de la banca, sino una consecuencia directa del diseño fiscal.
¿Cómo afecta esto al sector productivo?
Cuando el Estado absorbe una parte creciente del ahorro interno a través de la colocación de instrumentos de deuda, el efecto sobre la economía no es inmediato, pero se acumula. El crédito al sector privado tiende a crecer a un ritmo más lento o a encarecerse, en la medida en que compite con activos públicos que ofrecen una combinación atractiva de rentabilidad, liquidez y bajo riesgo. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, enfrentan mayores barreras de acceso al financiamiento, tanto por costos como por disponibilidad. Como resultado, la inversión productiva pierde dinamismo y el crecimiento económico pasa a depender en mayor medida del gasto público, en lugar de apoyarse en la expansión sostenida de la actividad privada.
Este no es un crowding out clásico vía tasas de interés, sino uno vía portafolio, los recursos existen, pero una parte importante está comprometida en deuda pública.
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Los bancos no están desplazando al sector productivo por capricho ni por falta de compromiso, sino porque el Estado mantiene una necesidad constante de financiamiento asociada a déficits fiscales persistentes. Mientras el sector público siga ofreciendo instrumentos seguros, líquidos y con retornos atractivos, es natural que una parte creciente de la inversión bancaria se canalice hacia la deuda pública.
En definitiva, corregir esta trayectoria requiere atacar la raíz del problema: reducir el déficit fiscal como principal potenciador de esta dinámica, diversificar las fuentes de financiamiento del Estado y crear mejores condiciones para que el crédito productivo sea una opción de mayor atractivo. De no ser así, es probable que a largo plazo veamos menor crecimiento potencial, mayor vulnerabilidad y un sistema financiero cada vez más atado al desempeño fiscal.
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