DIARIO FINANCIERO – SANTO DOMINGO, Durante su intervención, Piña Hernández calificó la independencia judicial como la “condición mínima para ejercer la labor de juez” y celebró que este tema siga siendo el eje central de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
La ministra presentó el caso de México como un ejemplo crítico. Explicó que, debido a una reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial mexicano enfrenta una reestructuración total. Esta transformación incluye la renovación de todos los cargos de jueces mediante una elección popular extraordinaria programada para el 1 de junio y el año 2027, así como la sustitución del Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina.
Ante esta incertidumbre institucional, México decidió no presentar candidaturas a las comisiones y grupos de trabajode la Cumbre. No obstante, Piña afirmó que el país continuará participando en los proyectos regionales.
La magistrada también señaló que la independencia judicial atraviesa una crisis en América Latina, con especial impacto en áreas sensibles como el medioambiente y los derechos humanos. Advirtió que sin jueces independientes, se compromete la calidad de la justicia en temas hídricos, climáticos y ambientales.
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“La justicia centrada en las personas requiere jueces libres, imparciales y comprometidos con las generaciones futuras”, afirmó.
La cumbre culminó con la firma de la Declaración de Santo Domingo, en la que los poderes judiciales reafirmaron su compromiso con una justicia centrada en las personas, la cooperación internacional y la defensa de los derechos humanos y ambientales.
Contexto:
En 1987, los presidentes de cortes supremas iberoamericanas se reunieron por primera vez para defender un principio básico: la independencia judicial. Treinta y cinco años después, ese ideal aún está en riesgo. En la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Santo Domingo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Lucía Piña Hernández, alertó sobre una crisis regional que amenaza la imparcialidad y eficacia de los sistemas de justicia.
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