DIARIO FINANCIERO.- El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana debió revertir esta semana un aumento salarial de hasta el 50% que se había autoaprobado a favor de sus propios miembros, tras una avalancha de críticas de legisladores de múltiples partidos, juristas y comunicadores que calificaron la medida de abiertamente inconstitucional. La resolución, que además tenía carácter retroactivo, fue dejada sin efecto antes de su ejecución, pero el episodio dejó en entredicho la credibilidad del órgano fiscalizador del Estado.
La Resolución: Aumento Retroactivo Y Unánime
Mediante la resolución ADM-2026-017, el pleno de la Cámara de Cuentas aprobó de forma unánime nuevos criterios de compensación para sus integrantes, eliminando ciertos bonos y reemplazándolos con un incremento directo en los salarios de hasta un 50%. La medida fue firmada en marzo pero aplicada con carácter retroactivo desde febrero de 2026, una decisión que multiplicó las objeciones legales contra el acto administrativo.
Constitución Prohíbe Expresamente Esta Práctica
Las reacciones fueron inmediatas y transversales. Legisladores del PRM, el PRSC y la Fuerza del Pueblo rechazaron la medida de forma categórica. El diputado del PRM Eugenio Cedeño señaló que el artículo 140 de la Constitución establece expresamente que ninguna institución pública puede incrementar la remuneración de sus incumbentes o directivos sino para un período posterior al que fueron electos o designados.
El comunicador Oscar Medina resumió la posición de buena parte de la opinión pública: “Eso es ilegal de la A a la Z”, advirtiendo que los responsables podrían ser pasibles de destitución mediante juicio político.
Rectificación Bajo Presión: El “Mea Culpa” Institucional
Ante la magnitud del rechazo, el pleno de la Cámara de Cuentas optó por dejar sin efecto el aumento antes de que se ejecutara. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó la rectificación como un acto de “mea culpa” y responsabilidad institucional, destacando que “corregir a tiempo fortalece la institucionalidad y reafirma el principio de sujeción al ordenamiento jurídico”.
Sin embargo, el daño reputacional ya estaba hecho. Para amplios sectores de la sociedad dominicana, que la propia entidad encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos intentara autoasignarse un aumento de esa magnitud —en un contexto de dificultades económicas y reclamos salariales generalizados— constituye una contradicción difícil de digerir y una señal preocupante sobre los controles internos del aparato estatal.
