En un giro inesperado que ha generado controversia, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ordenó a las direcciones de recursos humanos de las entidades públicas que recojan, en un plazo de 15 días laborables, información detallada sobre los contratos de agua y energía eléctrica de cada empleado gubernamental. La medida busca verificar el cumplimiento de pago de servicios básicos entre los servidores públicos, así como fomentar una cultura de responsabilidad cívica. Sin embargo, su constitucionalidad ha sido objeto de discusión, con cuestionamientos sobre si esta solicitud vulnera la privacidad de los empleados y se ajusta al marco legal vigente.
Una mirada a la constitucionalidad de la medida
La Constitución Dominicana protege, en su Artículo 44, el derecho a la privacidad e intimidad de las personas, lo cual incluye la confidencialidad de información personal. La medida del MAP, que solicita detalles de contratos de servicios a nombre de los empleados o de familiares, plantea interrogantes sobre si podría violar este derecho fundamental. Aunque se justifica como un esfuerzo para fortalecer la responsabilidad ciudadana, sin una ley específica que la respalde, la exigencia de presentar contratos de servicios básicos podría ser considerada una extralimitación.
Al respecto, expertos señalan que, en ausencia de una legislación que contemple específicamente este tipo de requerimiento, la medida podría interpretarse como una invasión a la privacidad. “Este tipo de exigencias debe estar sustentado en una norma específica que delimite sus alcances y objetivos”, explica un jurista consultado sobre el tema. Sin este respaldo legal, el Estado podría verse envuelto en debates sobre posibles vulneraciones a los derechos de los empleados.
Igualdad y discriminación en el cumplimiento de la medida
Por otro lado, la Constitución, en su Artículo 39, establece el principio de igualdad y no discriminación, garantizando que ninguna persona sea tratada de manera diferente en el ejercicio de sus derechos y deberes. En este contexto, la medida del MAP podría generar un trato desigual si el incumplimiento en la presentación de contratos o facturas de servicios básicos se utiliza como criterio de evaluación o sanción. Además, los empleados que no figuran como titulares de contratos, por razones ajenas a su control, podrían considerarse en desventaja si se les exige responsabilidad sobre servicios que no están a su nombre.
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El Ministerio de Administración Pública, en la circular 018031, destaca que el objetivo es conocer el perfil de consumo de los servidores públicos y fomentar el pago responsable de los servicios. Sigmund Freund, titular del MAP, justificó la medida argumentando que forma parte de una responsabilidad jurídica y moral que busca alinear la conducta de los empleados públicos con los principios de la Ley 41-08 de Función Pública, la cual aboga por una ética basada en el compromiso y el cumplimiento de las obligaciones.
“El cumplimiento en el pago de los servicios no solo asegura su continuidad, sino que también refleja nuestra ética y compromiso con el bienestar colectivo”, destacó Freund, refiriéndose a la importancia de que el servidor público sea un ejemplo para el resto de la ciudadanía.
Facultades del MAP y la Ley de Función Pública
La Ley 41-08 sobre Función Pública establece, en su Artículo 80, que los servidores públicos deben cumplir con sus deberes bajo principios de ética y responsabilidad. Si bien el MAP busca alinear su medida con estos principios, la ley no estipula específicamente que los empleados públicos deban presentar contratos de servicios básicos o facturas de pago. En este sentido, algunos juristas consideran que la facultad del MAP no abarca la potestad de exigir documentos de carácter personal, como contratos de servicios de agua y electricidad.
La medida del MAP tiene un objetivo que puede interpretarse como positivo en términos de cultura de pago y responsabilidad ciudadana; sin embargo, podría estar operando en un terreno de incertidumbre legal al no estar sustentada en una norma o decreto específico. Esta falta de claridad abre un debate sobre si la medida, tal como está planteada, sobrepasa las facultades legales del MAP y podría requerir una regulación adicional para su legitimidad.
Opiniones de ciudadanos y expertos
La medida ha generado diversas reacciones en la sociedad dominicana, en especial entre los servidores públicos que se preguntan sobre la finalidad de presentar contratos de servicios de uso personal. Algunos ciudadanos apoyan la medida, argumentando que es una forma de fomentar el civismo y de asegurar que los empleados públicos cumplen con sus deberes ante el Estado. “Los servidores públicos deberían ser los primeros en dar el ejemplo en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones”, señaló un ciudadano a favor de la medida.
Sin embargo, otros critican la medida, considerándola intrusiva y argumentando que el Gobierno no tiene derecho a exigir información de carácter personal. “La privacidad de cada persona, incluso de los servidores públicos, debe ser respetada”, dijo un abogado especializado en derecho constitucional. Para los detractores, la medida representa una violación del derecho a la intimidad y un abuso de la posición de autoridad del Estado.
¿Qué sigue para el MAP?
En este punto, el MAP enfrenta un desafío: la necesidad de un respaldo legal que sustente su solicitud. Aunque el ministerio ha planteado la medida con un enfoque de ética y responsabilidad, su constitucionalidad podría ser cuestionada en los tribunales si se considera que atenta contra los derechos a la privacidad y no discriminación. Para evitar posibles impugnaciones, el MAP podría requerir la emisión de un decreto presidencial o incluso una reforma legislativa que legitime y delimite este tipo de requerimientos.
La discusión sobre la constitucionalidad de la medida del MAP es un recordatorio de la importancia de que las políticas públicas se ajusten a los derechos fundamentales. En ausencia de una regulación clara, la exigencia de presentar contratos de agua y electricidad parece extralimitar las facultades del MAP y podría ser vista como un acto de invasión de la privacidad.
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